Las Asociaciones de Dependencia en Catabria (FED Lares y PAD) han mostrado su indignación por el comportamiento del Gobierno regional en relación a la nueva normativa de atención a la dependencia con un modelo ACP y denuncian: "No se puede comprender que el Ejecutivo publique una norma a dos meses de las elecciones e, inmediatamente, hable de analizarla, mejorarla o posponer su entrada en vigor".
Añaden que "es obvio que el texto en cuestión es problemático, no recoge las mejoras necesarias, no está debidamente fundamentado, ni nace de la reflexión y del criterio técnico, por lo que no se debería aplicar en ningún caso".
Desde estas asociaciones lamentan que "cuando no hay argumentos para contrarrestar las manifestaciones que refieren respecto de los graves problemas que atraviesa el sector en la región, la Consejería se dedica a caricaturizar a quienes, con su esfuerzo, han mantenido el sistema durante estos años, abarcando su legislatura los 4 últimos, en los que se ha abandonado a las personas usuarias, trabajadores y entidades".
"El Gobierno pretende denostar a quienes han puesto de manifiesto su mala gestión, lo cual no ha resultado complicado, pues es evidente que publicar una norma sin consenso, a dos meses de concluir la legislatura y habiendo empeorado notoriamente la situación del sistema, no es en interés de los ciudadanos de Cantabria", subrayan.
Por otra parte, esta tres asociaciones entienden que "resulta una desvergüenza que la Consejería mencione las condiciones del personal, cuando existen varios escritos en los que se solicita urgentemente que destinen presupuesto al aumento de ratios para mejorar la calidad de la atención y disminuir la carga de trabajo".
Recuerdan que los Grupos Parlamentarios Regionalista y Socialista han defendido una enmienda de modificación de una PNL en el Parlamento instando al Gobierno de Cantabria a constituir una mesa de trabajo para analizar de manera detallada el contenido de la norma y estudiar las correcciones que sea necesario, incluso contemplando ampliar el plazo previsto para su entrada en vigor más allá del 1 de mayo.
Aun así, las asociaciones de dependencia continúan con la mano tendida para elaborar una nueva norma que sí responda a las necesidades del sector, pero anuncian "medidas legales" contra la normativa publicada y, desde luego, lamentan profundamente las "prácticas torticeras de la Consejería".
Hay que recordar que el Gobierno de Cantabria ha aprobado recientemente la nueva normativa, que pone en marcha un modelo de atención más personalizada (ACP) y que supondrá, además, una financiación pública adicional de 7,5 millones de euros al año. La nueva normativa incluye la regulación de los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados, los criterios y el procedimiento de acreditación y los nuevos precios públicos por plaza concertada.
Así, el Ejecutivo aportará un 10,54% más de inversión por plaza concertada en los centros y residencias para personas dependientes, cantidad que se suma al aumento del 3,4% aprobado el pasado mes de julio. Esta inversión pública irá destinada a implantar un modelo en el que los mayores y discapacitados estén más implicados en la toma de decisiones que afecten a su vida y reciban una atención más personalizada.
Desde el Gobierno regional recalcan que supondrá un aumento del empleo para dar respuesta al incremento de horas de atención que prevé el nuevo modelo y poner fin a la sobrecarga que padecen las plantillas de los centros desde los recortes del año 2012.
Los nuevos requisitos materiales exigidos a los centros incluyen la instalación de internet gratuito para las personas usuarias, ampliación del espacio en las habitaciones y un mayor porcentaje de habitaciones individuales. Además, deberán cambiar su organización con comedores o salas de estar más pequeñas y numerosas.
Por otra parte, los centros por primera vez podrán organizar su estructura en pequeñas unidades de convivencia, similares a hogares de entre 12 y 16 personas como máximo, con el fin de fomentar la autonomía personal y proporcionar un ambiente doméstico.
Se regulan, también por primera vez, los centros multiservicios para que, sobre todo en el medio rural, puedan proporcionar servicios a las personas mayores o personas dependientes, tanto en el centro como en su domicilio, facilitando la permanencia en sus domicilios el mayor tiempo posible. Así se prevé la posibilidad de que la persona dependiente acuda al centro solo a comer o a pasar la tarde o la noche y pueda elegir algunos de los servicios sin tener que acudir el día entero o residir en el centro.
Hay también mejoras en la regulación de los centros de día, a los que se les facilita una mayor implantación en el medio rural, y se reducen las exigencias estructurales para que compartan instalaciones con una residencia.
La financiación adicional incluye también una adecuación a las tablas salariales vigentes en el sector, el reconocimiento de un convenio sectorial propio de la discapacidad, y un incremento de la cuantía destinada a compensar a las empresas del sector los costes derivados del absentismo y antigüedad de sus plantillas.