Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia, ahora y en 2008

Recientemente la CEOE ha difundido entre sus asociaciones el borrador de un documento de trabajo en la redacción del cual ha participado la patronal AESTE, que, con el título “Informe Dependencia Septiembre 2018”, hace una detallada radiografía de lo que queda de la Ley de Dependencia, proponiendo qué debería contener el nuevo sistema de atención a la dependencia actualizado, renovado y mejorado que nuestros gobernantes deberían elaborar.

Recomiendo de verdad la lectura del documento (cuando éste sea público). En el mismo, la CEOE propone entre catorce puntos de mejora los siguientes:

No es una transcripción literal y no es que los otros ocho sean menos importantes, pero de momento me quiero centrar en éstos porque me ha llamado poderosamente la atención lo que se parecen a algo que escribí hace diez años.

Lo pongo en contexto. En julio de 2008, en un inesperado arranque de sinceridad que nos dejó a todos sobrecogidos, Mercedes Cabrera, entonces Ministra de Educación, Política Social y Deporte (el nombre del ministerio no es una broma), dijo que “la actual coyuntura económica que atravesamos puede que tenga alguna influencia en el despliegue de la ley de dependencia” (fuente). O sea, que sólo un año después de entrar en vigor la LAPAD, ya sabían que no había suficiente dinero para mantener el recién creado sistema.

Por aquel entonces al presidente Zapatero le parecía poco patriótico y catastrofista hablar de crisis por lo que las palabras de la Ministra Cabrera pasaron algo desapercibidas y pronto siguió la verbena en la cubierta de un Titanic que se dirigía hacia el iceberg de la mayor crisis desde 1929.

El problema principal de que adolecía la viabilidad de Ley de Dependencia es que se basaba en unos cálculos que resultaron ser erróneos. Surgieron más dependientes de los previstos y su dependencia resultó más grave que la prevista, así que el sistema se volvió tempranamente insostenible.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta las palabras de la ministra, cabían tres opciones:

La más drástica hubiera sido derogar la Ley y volver al sistema de protección no universal de la dependencia desde las comunidades autónomas. Se podría haber establecido un aumento de las transferencias del Estado para tal fin y decir “lo intentamos, pero no fue posible”. Cada partido culparía al contrario, algunos a la incipiente crisis internacional y se hubiese pasado a otra cosa.

También se podría optar por plantear un gran engaño: mantener la Ley, hacer un desarrollo restrictivo y confuso rebajando a la vez la financiación de forma que, en la práctica se perdiese la esencia. Esto supondría aumentar al máximo las prestaciones económicas para el cuidado no profesional. O sea, repartiría pequeñas cantidades de dinero entre mujeres de mediana edad para que se quedasen en casa cuidando a un dependiente. Nadie comprobaría nada y en apariencia tendríamos un sistema de atención a la dependencia aunque sin profesionalización ni trazas de calidad. Eso es lo que, unos años después, defendí que había pasado en el libro “Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia” y en el cuento “La gemela siniestra”.

La opción más audaz, y por ello menos probable, hubiera sido que los dos grandes partidos se hubiesen sentado y llegado a un acuerdo que permitiese salvar el proyecto desde una perspectiva amplia ahorrándonos a los ciudadanos polémicas estériles.

El acuerdo en mi escrito de 2008 proponía los siguientes puntos:

• Modificación de la disposición adicional primera de la Ley. O sea, parar el calendario de forma que durante los siguientes años se hubiera atendido de forma universal a los grandes dependientes, dejando para una segunda fase a los demás. (Recordemos que en 2008 todavía no se cubrían a todos los dependientes sino sólo a los grandes dependientes y que no fue hasta 2015 cuando se extendió la cobertura a la dependencia moderada).
• Regular el copago separando de forma clara los costes de manutención-hoteleros de los que son estrictamente de dependencia. El sistema de atención a la dependencia no debería cubrir costes de manutención-hoteleros.
• Establecimiento de un sistema de copago que, en determinados niveles de renta, permitiese el pago del 100% del precio de referencia.
• Exclusión de las prestaciones económicas para dependientes con un nivel de renta superior a unos límites establecidos.
• Establecimiento de un sistema de “resarcimiento” mediante el cual la administración pudiese recuperar a la muerte del dependiente una parte del dinero pagado para su cuidado personándose en la sucesión como interesado con un crédito preferente. Habría un mínimo exento y un porcentaje máximo.
• Establecimiento de un copago de los familiares obligados a prestar alimentos a la persona dependiente. Éste dependería del grado de parentesco, capacidad económica y cargas familiares habiendo siempre mínimos exentos. Podría establecerse un mecanismo para que los obligados pudiesen negarse al copago familiar, mecanismo que conllevaría la incapacidad para poder recibir donaciones o heredar del dependiente.

Admití en 2008 que sería complicado hacerlo y, con el tiempo, veo que tampoco propuse una limitación clara de las prestaciones económicas al cuidador no profesional, lo cual fue un error por mi parte.

Ahora me pregunto, y propongo a quien lea estas líneas que lo haga también, qué hubiera pasado si se hubiesen adoptado hace diez años esas medidas. Sinceramente, creo que estaríamos algo mejor de lo que estamos ahora.

Como los años me van quitando algo de la bonhomía juvenil y la sustituyen con el cinismo de los maduros no me cuesta imaginarme escribiendo en 2028: “¿Qué hubiera pasado si se hubieran adoptado las medidas que propuso la CEOE en 2018? Sinceramente, creo que estaríamos algo mejor de lo que estamos ahora”.

Tiempo al tiempo.