En los últimos meses empieza a ser habitual leer noticias en las que trabajadores de residencias para mayores públicas gestionadas por la propia administración se quejan de la falta de personal para cuidar de forma correcta.
Lo hemos leído de lugares tan diversos como en las Islas Canarias, Castilla la Mancha, Andalucía, Madrid o Galicia, siguiendo siempre el mismo patrón: Las quejas indican que cada vez hay más residentes o que los residentes tienen más necesidades y que el personal no se aumenta, o incluso se disminuye al no cubrirse las bajas ni las vacaciones. Esto lleva a que la situación esté “al límite”.
Donde parece haberse pasado ese límite es en la residencia Carlet (Valencia) en la que un cuidador ha hecho una fotografía a un residente y la ha difundido como prueba de la falta de suficiente personal. La instantánea pone los pelos de punta y la imagen mental de una persona que, teóricamente debe cuidarte, fotografiándote mientras estás en el suelo en una postura claramente dolorosa, lo hace aún más.
Sin duda, quien ha hecho y difundido la fotografía ha conseguido su objetivo: salir en los medios y que se hable del tema. El problema es que, por desgracia, para muchas personas “el tema” no será si falta o no personal sino si se trata bien o no a las personas en las residencias.
Llevo veinticinco años en este sector y calculo que debo haber visitado unas cuatrocientas residencias de todo tipo y la verdad es que me ha repugnado ver esta fotografía que, por desgracia, quedará injustamente grabada en muchas personas como “lo que pasa en las residencias”.
Dicho esto, creo que debemos contextualizar lo que denuncian los trabajadores y sindicatos sobre las residencias públicas que gestiona la propia administración y después acabar con la cuestión del uso de contenciones.
Cuando la administración presta el servicio de residencia asistida a personas mayores, que tienen derecho a recibirlo de acuerdo con las leyes de dependencia y servicios sociales, tiene varia opciones:
- Residencias públicas gestionadas por la propia administración.
- Residencias públicas gestionadas por empresas o entidades sin ánimo de lucro.
- Residencias concertadas con las que contrata un número de plazas.
Además, puede dar ayudas en dinero para que los mayores vayan a una residencia privada pagando de su bolsillo lo que no cubre la Prestación Económica Vinculada.
Todas las denuncias que se han publicado en los medios se refieren a las residencias públicas que gestiona la propia administración, o sea, aquellas en las que una parte del personal es funcionario y otra, personal laboral público.
El hecho de que alguien que tenga derecho a “plaza pública” acabe recibiendo el servicio en una que gestiona la propia administración o una empresa no debería tener repercusión. A ambas se les exige en teoría los mismos estándares y, a las empresas, además, que participen en procesos de contratación pública. Lo cierto es que a lo largo de los años las administraciones han demostrado no ser gestoras eficientes por lo que, actualmente, les cuesta el doble o más mantener una plaza en una residencia pública que en una concertada.
Los motivos son fáciles de entender:
Al final llegamos a la situación actual. Como casi todos los sistemas en los que intervienen personas, tendemos a acostumbrarnos a lo que tenemos y creamos nuestras “zonas de confort” (o lo que es lo miso, nuestras “resistencias al cambio”) por lo que cualquier variación sobre lo que hacemos resulta enormemente molesta.
A mi entender, lo que está pasando en las residencias públicas es que alguien desde la administración se ha dado cuenta de que la diferencia de coste entre residencias públicas y concertadas no tiene justificación y, en vez de afrontar el problema con cabeza ha decidido utilizar el hacha: dejar de cubrir jubilaciones, vacaciones y bajas como si eso no fuese a tener consecuencias.
Yo creo que deberíamos exigir a nuestros gobernantes eso de que tanto hablan ellos últimamente: “transparencia”. Igual que en Inforesidencias.com las residencias privadas pueden decir qué ratio de personal tienen, qué profesionales forman parte del equipo o qué incluye y qué no incluye el precio. Las residencias públicas nos deberían decir qué cuestan a la administración, qué profesionales tienen o qué tasa de absentismo. Si a eso se le sumasen encuestas de satisfacción de usuarios, empleados y familiares, tendríamos un buen nivel de transparencia que nos permitiría poder comparar. Por desgracia, para casi todos nuestros gobernantes eso de la “transparencia” es algo que siempre se aplica a los demás y no a ellos mismos.
No puedo acabar esta reflexión sin referirme a la foto. Una persona que estaba en su cama con un cinturón de contención y unas barandillas subidas, que es capaz de salir del cinturón y saltar quedándose atascado.
La noticia aparecida en el Mundo dice: “Esta ausencia del número adecuado de trabajadores en la plantilla del centro ha provocado también como consecuencia inmediata que no se hayan tomado medidas de seguridad ni los protocolo de caídas, según el comité de empresa de la residencia, que denuncia que el último caso -que aparece en la fotografía de arriba- se produjo una noche de la pasada semana cuando un anciano, ante la carencia de personas que vigilaran su estado, llegó a soltarse la sujeción y cayó de la cama a pesar de que también disponía de barandillas para evitar las caídas.
Este accidente demuestra que la dirección de Carlet todavía no ha asignado los trabajadores necesarios para cubrir la atención de las personas residentes.”
¿A alguien más que a mí esto le parece bastante sospechoso?
A mí se me ocurren varios motivos, además del de la posible falta de personal para que haya sucedido lo que aparece en la fotografía. ¿Es posible que esta persona de verdad no necesitase una contención? ¿Es posible que el cinturón estuviese mal puesto? ¿Es posible que la barandilla más que “para evitar caídas” se pusiese para evitar que el mayor se levantase? ¿Podría haber sucedido lo mismo si hubiese habido un cuidador más por cada 40 residentes? ¿Es posible que el personal no hiciese bien su trabajo?
Son muchas preguntas y poca la información de que se dispone por lo que, sabiendo que la Generalitat ha abierto una investigación habrá que esperar a ver qué averigua.
Mientras tanto deberíamos aprovechar para recordar que las residencias son el mejor recurso para un 5% de personas mayores que necesitan tal nivel de cuidado que difícilmente podrán obtenerlo en sus casas. Hay que reconocer que en España tenemos muy buenas residencias y profesionales y que, aquellas que no lo sean deben ir mejorando o cerrando cosa que harán si entre todos nos esforzamos por que éste sea un sector transparente y comparable.
Residencias en la Comunidad Valenciana para personas mayores