Sólo el 38% de los expedientes de 2015 se han iniciado y resuelto dentro del propio ejercicio.
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, acaba de hacer público el Informe de Fiscalización Operativa de los Servicios y Prestaciones sociales establecidos en la Ley de Dependencia, por la gestión de la Comunidad de Madrid entre los años 2011 y 2015 en atención a personas dependientes, aprobado con fecha de 28 de diciembre de 2017.
El informe resulta demoledor para la gestión de la Dependencia por la Comunidad de Madrid, en la que pone en evidencia no solo las demoras en el reconocimiento de la situación de dependencia, el incremento en los plazos para la ayuda a domicilio o la teleasistencia, sino también la falta de recursos económicos y humanos para atender las necesidades de las personas más vulnerables.
Así entre las conclusiones relativas al análisis del cumplimiento y de la gestión, la Cámara de Cuentas señala, entre otros que:
- El 35% de los expedientes tramitados directamente por la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor (DGADYM ) de 2011-2014 y el 64% de 2015, remitidos desde el órgano que recibe la solicitud de reconocimiento al órgano competente en materia de dependencia supera el plazo de 15 días hábiles; ascendiendo el tiempo medio a 30 días en 2014 y 22 días en 2015.
- El reconocimiento de la situación de dependencia se ha realizado en un plazo superior a seis meses, en el 32% de los expedientes de 2011 a 2014.
- Sólo el 38% de los expedientes de 2015 se han iniciado y resuelto dentro del propio ejercicio, mientras que el 50% se ha resuelto al ejercicio siguiente y el 12% seguía pendiente de resolver a marzo de 2017.
- El 18% de los expedientes con grado 0 y el 70% de los expedientes con grado reconocido I, II o III, han sido resueltos superando el plazo máximo de seis meses; en una media de 65 días, para los grado cero y 94 días, para los grados I, II o III.
- Además, la Comunidad ha calculado incorrectamente la fecha de efectos del reconocimiento de la situación de dependencia en los expedientes tramitados por encomienda de gestión, lo que ha originado el abono a los beneficiarios de prestaciones económicas en un importe inferior de, al menos 34.025 euros en 2014 y 60.098 euros en 2015.
- De los expedientes de 2015, sólo el 45% y el 28% estaban percibiendo el servicio o la prestación económica, respectivamente, a marzo de 2017; mientras que el 27% y el 63% seguía en la lista de acceso único o en el listado de prestaciones pendientes de percibir, esperando para recibirlo.
Sobre estos expedientes del 2015, en lo relativo a personas fallecidas, el 84% de aquellos que fallecieron antes de seis meses con grado y PIA reconocidos y el 62% de los fallecidos con posterioridad a dicho plazo, no recibieron ninguna prestación económica o servicio. Siendo los beneficiarios con mayor grado de dependencia que solicitaron la atención residencial como modalidad principal, sin haber solicitado una prestación económica como modalidad transitoria, los “más vulnerables y los más perjudicados”, según recoge la Cámara de Cuentas.
Esto podría dar lugar, según el propio organismo “a la responsabilidad patrimonial de la Administración, al ser éste un derecho invocable ante los tribunales, dado el carácter público de las prestaciones del Sistema, la universalidad en el acceso a las mismas, y el derecho de los ciudadanos a iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa de este derecho”.
La Cámara señala también que las notificaciones de concesión de prestación económica que la Comunidad de Madrid remite a los beneficiarios, no se ajustan a lo prescrito en la Ley de Procedimiento Administrativo ya que no garantizan los principios de transparencia y seguridad jurídica que debe presidir toda actuación administrativa, al no contener la forma de obtención de los atrasos ni el detalle de los cálculos efectuados para determinar la cuantía de la prestación económica; tampoco se detalla, en las revisiones de grado o de PIA, la fecha de inicio del devengo del nuevo grado y por consiguiente de la cuantía económica ni queda especificada.
- El plazo medio de espera para la efectividad del servicio, -continúa el informe de la Cámara de Cuentas- en el periodo fiscalizado, se va incrementando en cada ejercicio en todos los servicios. En el servicio de ayuda a domicilio pasa de una media de 151 días en 2011 a 820 en 2015 (445%), igualmente ocurre con el servicio de teleasistencia, pasando la espera media de 164 a 766 días (368%). El plazo medio de espera para acceder al servicio de atención residencial que en 2011 era de 282 días resulta en 2015, 416 días lo que supone un incremento del 48%.
Además, añade el Informe “no ha sido facilitado el número de plazas de atención residencial y de centros de día con que cuenta la Comunidad de Madrid en su ámbito territorial para la atención a usuarios dependientes”.
-A 31 de diciembre de 2015 estaban a la espera de recibir el servicio correspondiente, un total de 14.233 beneficiarios, 3.915 de los cuales continuaban en ella a marzo de 2017, siendo los servicios de atención residencial de mayores y de personas con discapacidad, los que mayor número y porcentaje, respectivamente, representan.
El número de beneficiarios de grado III incluidos en lista de espera de 2015 en los servicios de atención residencial y centros de día de mayores se han duplicado con respecto a 2013, pasando de 766 a 1.411 y de 72 a 164, respectivamente. Falleciendo 1.459 personas incluidas en esta lista sin recibir el servicio.
Igualmente, a 31 de diciembre de 2015 la Comunidad estaba pendiente de abonar un importe de, al menos, 13.492.530 euros, por prestaciones económicas devengadas con anterioridad a esa fecha, del que 9.644.730 euros derivan de atrasos de prestaciones económicas de pago periódico, (6.230.600 euros y 5.276 beneficiarios de PECEF y 3.414.130 euros y 648 beneficiarios de PEVS) y 3.847.800 euros derivan de pagos únicos, del que, 412.145 euros y 124 beneficiarios derivan de PECEF y 3.435.655 euros y 1.281 beneficiarios derivan de PEVS.
El promedio de días en espera que llevan los beneficiarios de PEVS y de PECEF que ya han sido revisadas por la Subdirección General de Prestaciones desde la fecha de efectos hasta 31 de marzo de 2017 asciende a 597 y 1.210 días, respectivamente, para los pagos únicos y 287 y 432 días, respectivamente, para las altas en nómina. Cabe señalar que a esa fecha están pendientes de abonar a los beneficiarios de prestaciones económicas relativas a expedientes revisados un total de 23.212.122 euros de los que 7.393.165 corresponden a PECEF, 15.817.997 euros a PEVS y 960 euros a PEAP.
Y añade a la vista de los datos que “no se destinan anualmente los recursos necesarios para atender puntualmente las prestaciones de dependencia ni se utilizan los instrumentos presupuestarios previstos legalmente para efectuar modificaciones de crédito que permitieran subsanar el déficit, lo que sería fundamental para atender las necesidades de un colectivo especialmente vulnerable, que en su mayoría son personas de edad puesto que la dilación en el proceso da lugar, en determinados casos, a que la prestación no llegue a abonarse debido al fallecimiento del beneficiario, lo que da lugar a que se hayan planteado reclamaciones administrativas y judiciales por los herederos. No se ha podido determinar el importe en el que se encuentra infravalorado el presupuesto de gastos de cada uno de los ejercicios fiscalizados por las prestaciones reconocidas pendientes de percibir por los beneficiarios”.
En cuanto a las conclusiones relativas al cumplimiento de los objetivos presupuestarios, la Cámara señala que están lejos de ser los objetivos óptimos para reducir la amplia lista de espera para la percepción de los servicios y prestaciones reconocidas pendientes de abono, “por lo que se puede concluir que la Comunidad de Madrid no ha formulado los objetivos e indicadores en base a la realidad de la actividad desarrollada, de manera que pudieran contribuir a una gestión más eficaz y eficiente en la gestión de los créditos presupuestarios del programa “Coordinación de la Dependencia””.
Por último en las conclusiones relativas al análisis de la gestión y control de los gastos el Informe apunta entre otras cosas que “durante los ejercicios fiscalizados se han realizado gastos mediante contratos menores que por su cuantía debieran haberse efectuado de manera que se respetaran los principios de publicidad y concurrencia”.
Y la imputación de créditos al programa presupuestario “Coordinación de la dependencia” destinados no solo a la atención de personas beneficiarias de las prestaciones de Dependencia, sino también a la financiación de los costes de los servicios sociales de atención primaria, lo que ha provocado una sobrevaloración del gasto de 27.644.841 euros en 2014 y 27.011.163 euros en 2015.
El Tribunal concluye con una serie de recomendaciones entre otras el deber de la Comunidad de Madrid de dotar con los medios humanos, materiales y financieros necesarios a la Dependencia, “de manera que se tramitan, resuelvan y sean efectivas en el plazo máximo establecido, las solicitudes, el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a los servicios y prestaciones económicas establecidos en el catálogo”.
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