La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Felisa Lois, explicó esta semana que el sistema cántabro de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia se sitúa “por encima de la media estatal”, aunque “podría encontrarse en mejor situación” si el Estado hubiera abonado los 45 millones que desde 2012 le hubieran correspondido de no haber aplicado Rajoy los recortes del Real Decreto Ley 20/2012.
El Gobierno cántabro está haciendo una “defensa heroica” de la dependencia financiando con su propio presupuesto lo que el Estado no hace, “y aún así somos la comunidad que más invierte por habitante en dependencia”, según Lois, que añade que Cantabria es la comunidad autónoma que más invierte en dependencia por una característica específica del sistema en nuestro territorio: el 26,7% de los dependientes cántabros elige una plaza de residencia, el servicio de mayor coste, frente al 13,69% de la media estatal que opta por este recurso.
Atiende a unos 15.033 dependientes, con un total de 16.595 prestaciones, al poder disponer cada persona dependiente de más de una prestación. Del total de 19.346 dependientes, 15.033 ya tienen prestación asignada, 1.709 están pendientes de resolver, 437 ya han sido valorados y están en lista de espera y 2.135 expedientes han desistido o renunciado.
Para Lois, la deuda del Ejecutivo central “supone una media de 9 millones de euros al año que nuestra comunidad ha dejado de percibir, y con los que se podría atender a cerca de 1.200 personas y generar 200 empleos directos más en el sector”.
A juicio de Lois, son muchas las iniciativas acometidas desde el Gobierno de Cantabria desde 2015 para potenciar el papel de la dependencia en nuestra comunidad y, entre ellas, ha destacado la reducción de los copagos; la concertación de 344 plazas nuevas; el aumento en más de 150 del número de beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio; la apertura de la teleasistencia de nuevo a la gratuidad; el establecimiento de nuevos servicios de apoyo a personas cuidadoras y la convocatoria de pruebas para poder expedir certificados de profesionalidad y formación continua.
La directora del ICASS ha demandado al Estado un Pacto sobre la Dependencia dotado con una financiación suficiente para la sostenibilidad del sistema, y ha instado a Rajoy “a reconocer la deuda en materia de dependencia con Cantabria en una partida presupuestaria extraordinaria en los Presupuestos Generales del Estado de 2018”.
Todo ello con el objetivo de recuperar un sistema de Dependencia que constituye un "reto estratégico de primer orden y una cuestión crucial para más de 1,5 millones de personas en España y que es un sector que genera empleo y un retorno económico importante".
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