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Sánchez propone recuperar la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores

Miércoles 24 de mayo de 2017
Elaboraría una Ley Integral de Derechos de los Mayores, que incluya la creación de un Estatuto del Mayor.

El pasado domingo, Pedro Sánchez ganó las primarias del PSOE accediendo de nuevo a la Secretaría General de ese partido. En Negocios & Gestión de la Dependencia nos hemos preguntado que ideas y que plan de acción tiene Sánchez y su equipo sobre la Dependencia, el Envejecimiento o la Sanidad. Para conocerlas nos hemos ido al Documento definitivo de su candidatura que presentó bajo el título, Por una nueva Socialdemocracia.

El envejecimiento aparece como uno de los retos estratégicos de nuestro tiempo, ya que en primer lugar el aumento de la atención universal a crónicos y de los servicios asistenciales a los dependientes pondrá bajo estrés las finanzas públicas. Lo que requerirá, según el documento, “nuevos enfoques y una mayor coordinación con los servicios sociales”, apostando por trabajar la prevención y una mayor implicación de las personas en su salud, en los hábitos y conductas que la condicionan.

En segundo lugar, y en relación a las pensiones señala la necesidad de “adaptar nuestras sociedades y los actuales sistemas de pensiones a las nuevas realidades poblacionales garantizando ahora y en el futuro la supervivencia del sistema y la suficiencia económica de las pensiones, para todos”. Ligando su sostenimiento al número de trabajadoras/es en activo suficiente, con salarios dignos, que permitan asegurar las pensiones de un número creciente de jubilados y jubiladas.

Para asegurar la revalorización de las pensiones, que aseguren su poder adquisitivo proponen: fomentar el empleo y su mayor calidad; mejorar la recaudación de la Seguridad Social, con medidas dirigidas a incrementar los ingresos, procedentes de los PGE a través de la fiscalidad general, diversificando las fuentes de ingresos en la Seguridad Social; recuperar la inversión en el Fondo de Reserva; suprimir el tope máximo de cotización; mejorar las bases de cotización del Salario Mínimo Interprofesional; modificar la cotización de los trabajadores autónomos para que ésta se realice en función de sus ingresos reales; renunciar a la utilización de las reducciones y bonificaciones en la cotización para el desarrollo de políticas de fomento de empleo –salvo colectivos de baja empleabilidad, excepcionalmente; y asumir por los PGE los gastos de personal de la Seguridad Social.

En cuanto a la Dependencia, se incluye en el punto 114, junto a la propuesta de elaboración de una Ley Básica Estatal de Servicios Sociales que establezca unos mínimos de calidad, equiparación de derechos, servicios y prestaciones en todo el territorio estatal y revitalizar el papel de los servicios de cercanía. Así frente a lo que ellos señalan como “la demolición controlada del Sistema Nacional de Dependencia” llevada a cabo en los últimos años, abogan por recuperar entre otros aspectos la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares.

En cuanto a la gestión de los servicios, según consta en el documento, “priorizarán y garantizarán la gestión directa de servicios públicos esenciales”, contratando las Administraciones con entidades privadas en casos excepcionales, “cuando se justifique detalladamente su conveniencia desde el punto de vista económico y social”. Para su regulación proponen la elaboración de un Libro Blanco de los Servicios del Bienestar Concertados, donde se analice “toda la realidad de la concertación de los servicios de bienestar en nuestro país y a todos sus niveles administrativos”.

Por último, en el punto 117, incluyen desde la necesidad de incorporar el activo que supone para la sociedad “la experiencia acumulada a lo largo de los años por estas personas que ahora disponen de tiempo”, con el fomento del voluntariado y el asociacionismo; hasta la propuesta de elaboración de una Ley Integral de Derechos de los Mayores, que incluya la creación de un Estatuto del Mayor y la incorporación de un Fiscal específico para este colectivo. Pasando por el impulso que los poderes públicos deben hacer de nuevos conceptos de vivienda, como la vivienda colaborativa, compartida o no; y la incorporación de las TICs para la atención sanitaria y de servicios sociales en el hogar, así como la promoción de servicios comunes de apoyo relacionados con la vida cotidiana, diseñados para personas que viven en su domicilio, pero que serán atendidas según vayan necesitando apoyos.

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