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La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Comunitat Valenciana denuncia que la Generalitat asume el 80% del coste del sistema mientras que el Estado solo aporta el 20%, lo que ha generado una deuda acumulada cercana a los 4.000 millones de euros.

La ocupación de los centros residenciales para personas mayores en la Comunitat Valenciana se sitúa muy por encima de lo que reflejan algunos informes recientes. Un análisis específico realizado sobre más de 10.000 plazas en funcionamiento ordinario apunta a una realidad de demanda intensa y sostenida, en un contexto marcado por el déficit estructural de recursos residenciales.

AERTE ha expresado su disposición a colaborar con el nuevo Gobierno de la Comunitat Valenciana, destacando la necesidad de culminar un nuevo Decreto de Tipologías, finalizar licitaciones de centros públicos y simplificar la administración.