La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) considera que la elevada participación registrada en el Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales 2025 refleja el compromiso del sector con la transparencia y la aportación de información sobre su actividad. La segunda edición del estudio alcanza al 92,7 % de las instalaciones activas, frente al 84,5 % de la edición correspondiente a 2022, y para la patronal este conocimiento debe servir ahora para planificar las plazas necesarias y abordar las diferencias existentes entre comunidades autónomas.
La presentación del censo se celebró en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en Madrid, con la participación de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y la directora general del Imserso, Mayte Sancho. AESTE estuvo representada por su gerente, Susana Valladolid.
Un censo con mayor participación y nuevos ámbitos
La segunda edición del censo incorpora por primera vez las viviendas con apoyo y el ámbito de la discapacidad. La participación del 92,7 % de las instalaciones activas supone un incremento respecto al 84,5 % registrado en la edición anterior, correspondiente a los datos de 2022.
AESTE considera que esta participación muestra la voluntad de los centros residenciales, gestionados en su mayoría por empresas y entidades privadas, de proporcionar información rigurosa sobre su actividad. Para la patronal, disponer de datos homogéneos para todo el territorio constituye el punto de partida para un debate público informado y para planificar el modelo de cuidados que España necesitará en las próximas décadas.
Durante la presentación, Rosa Martínez destacó que la información recopilada permite disponer de una radiografía del sector para conocer la situación actual y detectar “puntos de mejora”.
La publicación del censo coincide además con la reciente aprobación en el Congreso de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y con la inversión adicional de 6.200 millones de euros aprobada por el Gobierno para 2026 y 2027.
Susana Valladolid, gerente de AESTE, ha señalado que el censo constituye “la fotografía más completa que hemos tenido hasta el momento del sistema residencial” y ha destacado la elevada participación registrada.
“Se trata de un instrumento muy relevante en el que el Imserso tendrá que seguir trabajando en aras a la consecución de de una herramienta con solidez plena. Ahora toca que el conocimiento de esos datos sirva para definir políticas eficientes que permitan planificar las plazas que se requieren y financiarlas de acuerdo con lo que realmente cuesta atender bien a las personas”, ha señalado Valladolid.
La colaboración público-privada, en el centro del sistema residencial
AESTE destaca el peso de la colaboración público-privada en la atención residencial a las personas mayores en España. Según la patronal, las Administraciones confían a empresas y entidades la gestión de una parte relevante de sus propios servicios.
El censo señala además que los centros públicos gestionados por entidades privadas atienden una mayor proporción de personas con un nivel de dependencia de Grado III, el más elevado, que alcanza el 39,4 %.
Para AESTE, estos resultados muestran la importancia de la colaboración público-privada para ampliar la capacidad asistencial y contribuir a la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia.
La patronal valora también la incorporación en esta edición de indicadores relativos a la atención centrada en la persona, las tarifas, el perfil del residente y el perfil de modelo.
A su juicio, estos datos muestran que la transformación del modelo ya está en marcha. Entre los objetivos que comparte AESTE se encuentran avanzar hacia un mayor número de habitaciones individuales y hacia centros organizados en unidades de convivencia. La patronal considera que estos cambios requieren inversión, plazos de adaptación realistas y una financiación pública acorde con las nuevas exigencias.
35,1 plazas por cada 1.000 personas mayores de 65 años
Uno de los datos destacados por AESTE es la cobertura residencial, que el censo sitúa en 35,1 plazas por cada 1.000 personas de 65 años o más.
La patronal considera que esta cifra pone de manifiesto una acusada desigualdad territorial entre las comunidades autónomas y sostiene que el acceso a una plaza residencial no debería depender del lugar de residencia de cada persona.
Según AESTE, las diferencias territoriales tienen su origen en la fragmentación normativa, la disparidad presupuestaria entre territorios y un sistema que considera infrafinanciado, con tarifas públicas que no se actualizan al ritmo de los costes reales.
Por ello, la organización defiende que la planificación de plazas debe ir acompañada de financiación suficiente, mecanismos de revisión de precios en la contratación pública y un modelo que favorezca la libre elección de las personas y sus familias.
AESTE reclama continuidad para el censo
Para la patronal, la utilidad del censo dependerá de que tenga continuidad y del uso que se haga de la información recopilada. Su consolidación como herramienta periódica, con series comparables en el tiempo, permitiría medir la evolución del sistema y orientar las decisiones políticas y de inversión relacionadas con un sector que AESTE considera esencial.
Josune Méndez, secretaria general de AESTE, ha subrayado la necesidad de mantener la estabilidad necesaria para continuar con la transformación del modelo.
“Los datos muestran un sector comprometido con la calidad y con la transformación del modelo, que necesita estabilidad para seguir avanzando. Necesitamos más plazas financiadas, tarifas que respondan a los costes reales y un acuerdo de Estado que dé estabilidad al sistema durante las próximas décadas”, ha señalado Méndez.