Residencias mejores… ¿para menos personas?

Hablar con arquitectos es algo que me hace disfrutar mucho. Envidio su capacidad para ver en los espacios aquello que a casi todos nos pasa desapercibido. Hace unos días salió, en una conversación con uno de ellos, el tema de las unidades de convivencia. Pero no referido a residencias de nueva construcción, sino a la posibilidad de transformar las actuales y convertirlas, mediante obras y nueva distribución, en centros que funcionen de una manera muy distinta, más parecida a lo que hemos visto en viajes geroasistenciales a Escandinavia. Él lo planteaba casi como un horizonte inevitable: transformar las residencias actuales, hacerlas más modulares, más hogareñas, más centradas en la persona. En definitiva, mejores.

Es difícil no estar de acuerdo. Bien planteadas, las unidades de convivencia mejoran la vida cotidiana de los residentes. Eso, a estas alturas, parece bastante claro. No por casualidad, es el modelo que siguen casi todas las residencias que se construyen al norte de los Pirineos y muchas al sur. Hay algo en ese formato que resulta convincente: grupos más pequeños, entornos más domésticos, más posibilidad de personalizar ritmos, más sensación de hogar y menos de institución.

Además, conviene decirlo, no estamos hablando de una ocurrencia estética ni de una moda pasajera para decorar centros con sofás bonitos y lámparas cálidas. Cuando se hacen bien, las unidades de convivencia cambian cosas importantes. Cambian la relación entre residente y profesional, cambian la forma de organizar la vida diaria, cambian la percepción del espacio y, en muchos casos, mejoran el bienestar de quienes viven allí. Yo eso no lo discuto.

Pero, mientras lo escuchaba, me vino otra idea a la cabeza. Una de esas que no encajan tan bien en el discurso dominante. ¿A qué precio en términos de plazas?

Porque aquí hay algo que no siempre se pone sobre la mesa. Si para mejorar la calidad reducimos capacidad de forma significativa, en un contexto en el que ya faltan plazas y van a faltar más, no estamos solo ante una decisión técnica. Estamos ante un dilema que afecta a cuántas personas van a poder ser atendidas. Y eso cambia bastante la conversación.

El debate suele plantearse como si se tratara simplemente de hacer mejor las cosas. Y, en parte, lo es. Pero también estamos decidiendo a cuánta gente vamos a poder cuidar dentro del sistema. Dicho de otra manera: cuando hablamos de transformar una residencia de 120 plazas en otra de 90, o de 80, no estamos hablando solo de arquitectura o de modelo asistencial. Estamos hablando de acceso. Estamos hablando de cobertura. Estamos hablando, en el fondo, de quién entra y quién se queda fuera.

Y ese es un asunto serio. Porque, llevado al extremo, podríamos acabar con residencias muy bien diseñadas, muy centradas en la persona, con entornos más amables y cuidados… y al mismo tiempo con más personas fuera. Personas que no acceden, o que lo hacen tarde, o que mueren en unas condiciones peores a las que hubieran tenido en una residencia no reformada. Suena duro decirlo así, pero a veces conviene llamar a las cosas por su nombre.

No estoy defendiendo que cualquier plaza sea buena por el simple hecho de existir. Hay centros, por suerte proporcionalmente pocos, francamente malos: obsoletos, mal diseñados o poco funcionales. Esos, si no pueden reformarse bien, probablemente deberían desaparecer. Pero una cosa es cerrar o transformar aquello que realmente no debería seguir funcionando así, y otra muy distinta asumir con alegría una reducción generalizada de plazas en nombre de un ideal de calidad que quizá no podremos extender a todos.

La cuestión no es solo cómo debería ser la residencia ideal. Es también qué sistema real vamos a tener dentro de diez o quince años, cuando haya muchas más personas mayores, más dependencia y familias más pequeñas, más dispersas y con menos capacidad de cuidado informal. Eso dicen los que saben del tema y también lo ve cualquiera que mire un poco alrededor. Vamos hacia una sociedad más envejecida, con más necesidad de apoyos de larga duración y, previsiblemente, con más tensión entre demanda y oferta.

Y aquí entra eso que acompaña cualquier discusión sobre modelo: el coste, la financiación, o sea, el dinero.

Residencias mejores con menos plazas y un coste superior. Más metros cuadrados por residente. Más espacios comunes diferenciados. Más personal para poder funcionar por unidades de convivencia. Más complejidad organizativa. Más exigencia arquitectónica. Todo eso cuesta. Y no poco. Si una residencia privada hace esa transformación, tendrá que cobrar más por sus servicios, salvo que quiera poner en riesgo su viabilidad. Y si ofrece plazas a las administraciones, necesitará precios de concertación más altos. No hay mucha magia en eso.

¿Quiero con esto decir que no debamos avanzar hacia modelos mejores? No. Quiero decir que conviene dejar de hablar como si pudiéramos mejorar el modelo sin asumir sus consecuencias económicas y de capacidad. Porque a veces escucho ciertas propuestas y me da la impresión de que se imaginan como un simple acto de voluntad. Reformemos, modularicemos, hagamos unidades de convivencia, personalicemos. Muy bien. ¿Y quién paga? ¿Y cuántas plazas perdemos por el camino? ¿Y cuántas nuevas construimos para compensarlo? ¿Y dónde? ¿Y con qué seguridad jurídica para quien invierte?

Ahí es donde el debate deja de ser bonito y se vuelve de verdad importante.

Además, hay otra cuestión que no conviene olvidar. La residencia nueva, o reformada a fondo, que vemos en el norte de Europa o en algunos proyectos especialmente bien financiados, suele formar parte de un ecosistema distinto. No aparece sola. Va acompañada de una política de vivienda, de servicios intermedios, de ayuda a domicilio más desarrollada, de financiación pública distinta o de una capacidad económica media de las familias que no siempre es comparable a la nuestra. Importar solo la parte arquitectónica del modelo y olvidar el resto puede llevarnos a engaño. La lucha eterna entre el PowerPoint y el Excel.

Mi impresión es que en España corremos a veces ese riesgo. Nos enamoramos del modelo visible, del edificio, del concepto, de la foto, y prestamos menos atención a la pregunta menos elegante: cuántas personas vamos a poder atender de verdad y quién va a pagar la diferencia.

Porque si el cambio hacia modelos más pequeños y personalizados no va acompañado de un aumento suficiente de plazas, el resultado puede ser una mejora parcial. Mejoramos mucho lo que ocurre dentro, sí. Pero dejamos fuera a más gente. Y una sociedad que cuida muy bien a unos pocos mientras abandona o retrasa la atención de muchos otros quizá no pueda presumir tanto de calidad como cree.

Quizá la pregunta no sea solo cómo deben ser las residencias del futuro, sino cuántas vamos a necesitar y qué estamos dispuestos a hacer para que existan. Cuántas habrá que reformar. Cuántas habrá que construir. Cuáles ya no deberían seguir. Cuánto estamos dispuestos a pagar como sociedad. Y si de verdad queremos que haya un sistema suficiente o solo una colección de buenos ejemplos.

Si no, corremos el riesgo de mejorar una parte y empeorar el conjunto sin querer. Y en un país que envejece tan deprisa como el nuestro, ese no sería un detalle menor.

Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.

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