El informe del Observatorio Estatal para la Dependencia sitúa en 271.556 el número de personas pendientes de algún trámite dentro del sistema, lo que supone un incremento de 13.389 respecto al inicio del año. Del total, 152.840 personas cuentan con derecho reconocido pero siguen sin recibir atención, mientras que 118.716 están a la espera de ser valoradas.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) insiste, vuelve a subrayar que estos datos se elaboran “valorándolos de manera objetiva, sin dejar de contar a nadie que esté esperando respuesta de la Administración y con los mismos criterios que el Observatorio utiliza habitualmente”.
En su valoración, la entidad reclama transparencia y cuestiona la metodología del Ministerio, que no ha modificado el criterio de conteo: “Seguimos esperando que el Ministerio publique los datos de la lista de espera de las revisiones y de las solicitudes sin grabar, y atendidos del grado III+. Y ya no confiamos en que su Panel del SAAD trimestral no cambie criterios de manera discrecional. Es incomprensible la actitud triunfalista del Ministerio con titulares engañosos y el afán de manipular los datos, a la vez de su falta de transparencia”.
El Ministerio de Derechos Sociales, mientras, sostiene y presume de que la evolución del sistema es positiva y que la lista de espera se ha reducido un 16,6% desde marzo de 2025, situando sólo en 152.249 las personas pendientes de recibir prestación, al tiempo que destaca que el sistema ha alcanzado un récord histórico de 1.655.446 personas con prestación efectiva, con un crecimiento cercano al 10% interanual.
Más personas atendidas, pero con prestaciones de menor intensidad
En paralelo al aumento de la lista de espera, el sistema incorpora 17.569 nuevos beneficiarios en el primer trimestre del año y suma 46.142 nuevas prestaciones. ADYGSS interpreta este crecimiento como un aumento sostenido, pero con un cambio en la composición del sistema hacia prestaciones de menor coste e intensidad, como la ayuda en el entorno familiar o la teleasistencia.
Según el informe, este escenario coincide con la paralización en 2024 del incremento de financiación vinculado al Plan de Choque, que había supuesto 600 millones adicionales en los tres años anteriores. La asociación sostiene que esta reducción del impulso financiero no ha frenado el crecimiento del número de beneficiarios, pero sí ha limitado la intensidad de la atención.
Frente a esta lectura, el Ministerio de Derechos Sociales defiende que el sistema evoluciona hacia un modelo más centrado en la autonomía personal y el entorno comunitario, destacando que el 57% de las prestaciones ya se ofrecen en el hogar o en entornos cercanos.
Casi 9.000 fallecidos en lista de espera en tres meses
Durante el primer trimestre de 2026, 8.996 personas fallecieron mientras esperaban una resolución o prestación del sistema. Esto equivale a una media de 100 fallecimientos diarios, aproximadamente uno cada 14 minutos. De ellas, 4.628 estaban pendientes de valoración y 4.368 ya tenían reconocido el derecho sin haber recibido prestación.
Casi la mitad de estos fallecimientos se concentran en Cataluña (2.886) y Andalucía (1.567), mientras que Galicia registra la cifra más baja, con 21 casos.
ADYGSS enmarca este dato como uno de los más críticos del sistema, recordando que cerca de un millón de personas han fallecido en lista de espera desde la implantación de la ley. El Ministerio no entra en esta cifra concreta en su valoración, pero contrapone que el sistema muestra una capacidad creciente de atención y una reducción de las listas de espera en términos globales.
El sistema sigue sin cumplir los plazos legales de tramitación
El tiempo medio de tramitación se sitúa en 329 días, lo que supone una reducción de 12 días respecto al inicio del año, pero sigue muy por encima del plazo legal de 180 días. Solo seis comunidades autónomas y Ceuta y Melilla cumplen ese plazo: Castilla y León (116), Aragón (129), País Vasco (131), La Rioja (154), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (174).
En el extremo contrario, los mayores retrasos se registran en Murcia (553 días), Andalucía (464), Asturias (375) y Canarias (374).
La Asociación de Directores y Gerentes considera estos datos una muestra de bloqueo estructural del sistema, mientras que el Gobierno por voz de su secretaria de Estado destacaba la mejora de 12 días como un avance en la eficiencia administrativa.
La lista de espera se concentra en cuatro comunidades
El 67% de las personas en lista de espera se concentra en Cataluña (81.371), Andalucía (49.900), Comunidad Valenciana (29.762) y Canarias (20.112). En términos relativos, el 11,5% de los solicitantes está pendiente de algún trámite.
Los mayores porcentajes se dan en Canarias (24%), Cataluña (19,2%) y Murcia (18,8%), mientras que los más bajos corresponden a Galicia (1,4%), Navarra (2,5%) y Castilla y León (4,1%).
ADYGSS interpreta estas diferencias como desigualdades estructurales en el acceso al sistema. Derechos Sociales, por su parte, las atribuye a la gestión descentralizada del modelo y a la distinta capacidad administrativa de las comunidades autónomas.
La lista de espera crece un 5,2% tras años de descenso
En el primer trimestre de 2026, la lista de espera aumenta un 5,2% en el conjunto del país. Los mayores incrementos se producen en Cantabria (+55%), Madrid (+40,3%) y Castilla-La Mancha (+34,9%). En términos absolutos, destacan Andalucía (+9.808), Madrid (+4.120) y Castilla-La Mancha (+2.111).
Las principales reducciones se registran en Castilla y León (-17,4%), Ceuta y Melilla (-15,1%) y Navarra (-13,7%).
ADYGSS interpreta este dato como un cambio de tendencia tras años de mejora. El Ministerio, en cambio, sostiene que la tendencia global sigue siendo de mejora en el conjunto del sistema.
Dos lecturas del mismo sistema
El informe del Observatorio concluye que la Dependencia sigue siendo “un derecho pendiente”. En casi dos décadas, cuatro millones de personas han recibido atención, mientras que cerca de un millón han fallecido en lista de espera. ADYGSS atribuye los retrasos a la insuficiencia de financiación, la complejidad administrativa y la fragmentación de los procedimientos.
A este respecto, el Ministerio de Derechos Sociales defiende, por su parte, que el sistema está en fase de expansión y modernización, con más de 3.700 millones de euros de financiación y un crecimiento sostenido de la atención domiciliaria y comunitaria.
La lista de espera alcanzó su máximo en 2015, con 442.000 personas. Desde entonces había descendido de forma continuada hasta finales de 2024. Sin embargo, en 2026 el Observatorio detecta un cambio de tendencia, con un repunte que eleva la cifra a 271.556 personas en espera.
El Gobierno matizaba esta lectura y mantiene que los indicadores globales del sistema reflejan una mejora estructural en la capacidad de atención.
PUEDE CONSULTAR AQUÍ ÍNTEGRO EL INFORME DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA DE ABRIL DE 2026
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