Jornada ’10 años atendiendo a la dependencia en Castilla y León’.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, inauguró el pasado martes la Jornada ’10 años atendiendo a la dependencia en Castilla y León’, en la que se realizó un balance de los diez años de vigencia de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, su desarrollo y sus retos de futuro.
Herrera destacó la Ley de Dependencia como un avance en el Estado del Bienestar, en el que aún sigue vigente el problema de su financiación para poder desarrollarla. Recordando que si bien las expectativas de la Ley eran que el 50% de la financiación pública fuera inyectado por el Estado, y el 50% restante por las Comunidades Autónomas, en 2016 el esfuerzo presupuestario público en Castilla y León fue de 534 millones de euros, de los que sólo 104 millones, el 19,5%, fueron aportados por el Estado.
Esta situación de infrafinanciación se vio agravada durante la crisis económica, lo que obligó a la Comunidad de Castilla y León a apostar por los servicios profesionales, que hoy suponen más del 78% de las prestaciones (12 puntos por encima de la media nacional). Una mejor financiación por parte del Estado permitiría adquirir un compromiso de negociación en el marco del Diálogo Social, para incrementar las cuantías de la prestación de cuidados en el entorno familiar, sin que ello suponga la pérdida de su carácter excepcional ni el abandono de la prioridad de los servicios profesionales.
En cuanto a los principales desafíos de futuro a los que debe enfrentarse Castilla y León en materia de dependencia, Herrera señaló que además de consensuar un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas y un nuevo modelo de financiación local, es el de seguir mejorando la calidad del Sistema.
Para ello, señaló la Junta está trabajando en nuevas medidas, contempladas en los últimos Acuerdos del Diálogo Social. En concreto, mejorar el reconocimiento de derechos, reduciendo de forma progresiva los plazos de tramitación de las solicitudes de dependencia de 6 a 3 meses; seguir mejorando la calidad de los servicios, en este caso a través de la regulación de la acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio, a través de una Orden que se publicará en los próximos días; y, en tercer lugar, aumentar la oferta de plazas residenciales públicas en el período 2017-2024, mediante la reconversión de 419 plazas de personas válidas en plazas de personas dependientes en las residencias de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, con un coste estimado de 20 millones de euros.
Asimismo, la Junta seguirá apostando por la prestación de asistencia personal, regulando la acreditación de las entidades que prestan este servicio.
En este repaso sobre los 10 años de la Ley de Dependencia, Herrera hizo referencia a los buenos resultados que ha obtenido la Comunidad en el último Dictamen del Observatorio de la Dependencia que sitúa a Castilla y León, por décima vez consecutiva, como la Comunidad con una gestión más destacada, con una valoración global de 8,93 puntos, siendo la nota media del conjunto del país de un 4,9.
Unos buenos resultados que han sido posible según el presidente de los castellano-leoneses por tres factores: los profesionales, sobre los que recae la mayor parte de esa buena valoración; el Diálogo Social y el trabajo en red.
En cuanto al Diálogo Social, ha contribuido de manera efectiva al avance y mejora de la aplicación de la Ley. En los diez años de vigencia de la Ley de Dependencia de Castilla y León ha sido posible suscribir cinco importantes acuerdos, en los años 2009, 2012, 2014, 2015 y, el último de ellos, en este mismo mes de marzo de 2017. Todos ellos han impulsado la calidad y los recursos del Sistema y la flexibilización en el acceso al mismo.
Por último, el trabajo en red ha sido también clave para que el Sistema de Dependencia de Castilla y León alcance sus actuales resultados. En este punto, el presidente ha reconocido el papel que han desempeñado las Corporaciones Locales, contribuyendo al desarrollo del Sistema con recursos económicos y asistenciales propios, y la implicación del Tercer Sector, desde el doble punto de vista de la reivindicación de derechos y la participación en la prestación de los servicios.
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