Quiero acercarme con sana y realista preocupación a lo que sufrimos en nuestras residencias. Hay que recordar que cuando me refiero a residencias del Tercer Sector me estoy refiriendo a aquellas organizaciones implicadas en la atención a dependientes fundamentalmente vinculados a congregaciones religiosas, patronatos parroquiales o Instituciones en general sin ánimo de lucro.
Las entidades sin fin de lucro controlan aproximadamente el 25% de las camas operativas en nuestro país. Las entidades del Tercer Sector son propietarias de 88.267 camas para personas mayores, lo que representa el 24,98% de las plazas operativas en nuestro país. En la importancia de este porcentaje influye sobre todo la tradicional actividad en el sector de entidades religiosas.
En algunos casos, la presencia de estas congregaciones alcanza cifras como las de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, propietarias de más de 15.000 camas en nuestro país, o las de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, cuya organización es titular de más de 3.000 camas. Ambas en importante retroceso en los últimos años, junto con otras.
¿Por qué se generó esta actividad? Por tres factores principales: Uno, para dar respuesta al carisma congregacional; dos, para dar respuesta a las necesidades reales de la población más vulnerable (la Iglesia es siempre la primera en responder ante los más vulnerables y los últimos en irse de escenarios donde los vulnerables siguen presentes, comoguerras, catástrofes, hambrunas…); y en tercer lugar, para dar respuesta a una población sencilla, con pocas posibilidades, situada en pueblos, barrios marginales... Esta localización es importante, diría que fundamental, para entender el impacto que tiene el hundimiento de este sector.
Sabiendo que muchas de estas plazas eran sostenidas por congregaciones e instituciones eclesiales, no es muy difícil adivinar que la falta de vocaciones y el envejecimiento de los consagrados está provocando que tengan que pasar de atender a los residentes, a ser atendidos como un residente más y en otros muchos casos, vender o traspasar estas residencias para que sean otros los que las gestionen.
He aquí la primera causa de la crisis: residencias sostenidas, dirigidas por religiosos/as en las que solo una de ellas hacía tres jornadas laborales y casi gratis, han pasado a tener que contratar a tres personas laicas que hacen la labor de una sola religiosa. La escala se invierte. Los costes de los salarios se disparan. La sostenibilidad se tambalea.
Una segunda clave está en las tarifas. Estas residencias podían permitirse el lujo (para los residentes) de acoger a personas humildes sin muchos recursos económicos que pagaban una pensión no contributiva, o poco más, como coste de la plaza. Mientras las religiosas atendían estas estructuras y a sus residentes, esto se podía permitir: muchas religiosas trabajando gratis y con bajo absentismo laboral, pocos trabajadores laicos y costes de la materia prima y productos más o menos contenidos.
Esto se ha terminado y se ha cambiado: cada vez tenemos más laicos contratados, menos religiosas trabajando en el día a día de los cuidados y el coste de la vida se ha disparado (el IPC acumulado de los últimos años está en torno al 15%). Añadamos costes elevadísimos de asumir casi un 7% de absentismo en el sector, dato que se queda corto en algunos años.
Una tercera clave del hundimiento de estas residencias son los salarios. No me malinterpreten. Parto de que los salarios para los trabajadores de las residencias son claramente insuficientes, precarios y no permiten llegar a final de mes a muchas familias sobre todo en determinados lugares. Ahora bien, no es menos cierto que en el plazo de 5 años, se han incrementado los salarios en torno a un 41%. ¿Cómo repercutir un 41% en las tarifas de los residentes? ¿Quién puede pagar una tarifa media en España que está situada en 2.041 euros?
Analizando los datos de los precios extraídos de las residencias asociadas al portal Inforesidencias.com a principios de agosto 2024, se puede observar que el precio medio de una plaza en una residencia de titularidad privada en España es de 2.041,34 euros al mes, un 2,58% superior a los 1.989,92 euros al mes que costaba de media en 2023. A este importe estimado por el portal habría que sumarle, también, el 10% de IVA en el caso de las plazas privadas y el 4%, para las plazas concertadas.
En España, a tenor de la muestra de Inforesidencias, se puede decir que el precio medio ponderado de una plaza en residencia privada, si tomamos como referencia el año 2017, observamos que el precio ha experimentado un incremento del 14,8% en los últimos ocho años, una subida menor que la inflación acumulada (22,3%) en el mismo periodo, y de acuerdo con los datos del INE hasta julio de 2024. Esto sugiere que el sector ha trasladado solo una parte mínima de sus incrementos en los costos estructurales (como salarios, gas, electricidad y otros suministros) al usuario final en los últimos años.
Los precios varían significativamente entre comunidades autónomas: Euskadi sigue siendo la región con los precios más elevados, superando los 2.477,93 euros al mes; y en el otro extremo se encuentra Castilla y León, con un precio medio de 1.735,11 euros al mes.
Una cuarta clave es el tipo de residencias. Muchas de estas residencias son pequeñas (menos de 45 plazas), situadas en entornos rurales, de proximidad a la gente que requería de estas atenciones en el momento en que se pusieron en marcha estos proyectos (muchos en los años 70, 80). Una residencia pequeña tiene muchas menos posibilidades de soportar el impacto económico que mencionaba en los puntos anteriores. Si no puedes repercutir los costes ¿cómo hacer sostenible una residencia?
Es más, si esta sostenibilidad corre peligro y se cierran este tipo de residencias, ¿a dónde van a parar nuestros mayores con pensiones más humildes? ¿Realmente se está provocando que nuestros mayores de entornos rurales se vean obligados a migrar a otras poblaciones que no son las suyas para poder ser atendidos dignamente? Aun desplazándose de localidad, ¿podrán pagar el coste de plaza que se da en ciudades o en grupos residenciales privados? Creo que la respuesta está ya dada.
Como las administraciones públicas no tomen cartas en el asunto de manera urgente, el modelo que están intentando implementar (modelos de ACP) quedan absolutamente desvirtuados y quedarán anulados por la realidad que trasciende estos deseos y los supera. No se puede proponer un modelo de unidades de convivencia para dignificar el cuidado y condenar el modelo de residencias 'Unidad de Convivencia' en su total (residencias de 20, 30 plazas); no se puede hablar de querer cuidar en el entorno de los residentes, sin desraizarlos, y condenar a estos a una salida urgente de sus poblaciones para poder ser cuidados en otras localidades que no son las suyas; no se puede exigir subir salarios, soportar exigencias normativas cada vez más estrictas y no aportar lo suficiente para hacer sostenible y viable esta asistencia social, incluso en algunos casos prohibir tener beneficios si recibes ayudas públicas (por ejemplo la Acción Concertada en Valencia).
Ese apoyo que estos Centros necesitan, puede arribar por diferentes vías: ayuda de familiares de los residentes más implicados (siempre que se pueda), ayudas públicas como el cheque servicio para las plazas privadas acreditadas (que claramente tienen que incrementarse), o bien ‘licuar’ su propio patrimonio si disponen de una propiedad y así poder optar a una plaza residencial. Esta última alternativa puede crecer en los próximos años ya que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre un 85 y 90% de las personas de más de 65 años en España tienen una vivienda en propiedad.
Estoy absolutamente persuadido de que el trabajo para no abolir este modelo residencial pasa inexorablemente por realizar una apuesta decidida por el trabajo conjunto entre el sector público y privado para abordar las disparidades en la disponibilidad de plazas residenciales, reducir la presión hospitalaria y la ocupación de camas en el Sistema Nacional de Salud, así como un marco de atención sociosanitaria y atención intermedia en centros, donde se traten determinados procesos de convalecencia, rehabilitación y cuidados paliativos, a poder ser en los entornos de los que antes hablábamos.
A pesar del papel tan relevante que juega el sector de las residencias en lo que se refiere a atención a personas mayores, solo alrededor del 9% de las prestaciones para la dependencia se destina a la atención residencial.
O abrimos los ojos y entre todos ponemos el cascabel al gato, o en 5 años estaremos condenados al cierre masivo de muchos de estos centros.
José Ramón López es director de Operaciones en Fundación Summa Humanitate
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