¿Es el “impuestazo” sobre los seguros de salud una buena idea? ¿Lo harán con la dependencia?

El sistema fiscal de un país tiene, como mínimo, dos funciones: la primera y más clara es recaudar dinero con el que pagar el funcionamiento de los poderes públicos y los servicios que éstos prestan a los ciudadanos. La segunda, y en muchas ocasiones no menos importante, es influir en esos mismos ciudadanos incentivando o desincentivando ciertas conductas. Así, si un Gobierno quiere que la gente fume menos, puede incrementar los impuestos que gravan el tabaco esperando que los fumadores abandonen o reduzcan su adicción; si quiere que compren coches eléctricos, hace lo contrario.

El sistema se fundamenta en que tanto los poderes públicos como cada uno de los ciudadanos comparten algo: por un lado, todos tienen unas necesidades ilimitadas que conviven con unos recursos que no lo son; por otro, nadie actúa siempre de forma racional, sino que lo hacen (hacemos) más a menudo movidos por cuestiones irracionales, como sentimientos, intuiciones, ideologías o miedos.

Creo que hasta este momento casi todos estaremos de acuerdo. A partir de aquí, quizás empiece la discrepancia.

Cuando los poderes públicos quieren recaudar más suelen plantearse dos vías, que dependen de su ideología. Unos plantearán subir los impuestos. Es la opción que parece más racional: “Quiero ingresar más, subo los impuestos”. Otros consideran que hay que mantener o bajar los impuestos, pero hacer más grande la realidad sobre la que se aplica esos impuestos. Esta visión es algo más compleja, ya que supone que si dejas el dinero en manos de los ciudadanos, estos lo moverán, invertirán, ahorrarán y gastarán de forma que harán crecer la economía. Ese crecimiento acabará generando más ingresos sin subir los impuestos porque la realidad que se está gravando será más grande.

De forma muy esquemática: si gravamos con un 10% la venta de paraguas y queremos ingresar más, podemos incrementar el impuesto hasta un 15% o bajarlo a un 5% esperando que la bajada de precio haga que se vendan más paraguas con lo que el ingreso final por impuestos sea superior. Además, si bajamos el impuesto, incentivamos a que el dueño de la fábrica invierta, cree más puestos de trabajo y se acabe generando crecimiento.

Si optamos por subir el impuesto del 10% al 15% podemos obtener más ingresos en el corto plazo, pero también podemos provocar que la gente compre menos paraguas, incluso arriesgándose a mojarse cuando llueva. Llevando las cosas a un extremo, el dueño de la fábrica podría verse obligado a cerrar, con lo que podría generar costes que superarían a lo que se ingresó a causa de la subida de impuestos.

El ejemplo acepta muchos matices, ya que nada se produce en medio del vacío. Podrían surgir mil factores que cambiarían los resultados de cualquier opción. Además, recordemos que nuestras decisiones (tanto si somos ciudadanos como gobernantes) suelen ser irracionales y no siempre confesables. Quizás parte del Gobierno ve como una enorme injusticia que existan paraguas “que evitan que los ricos se mojen” y quiere acabar con ellos o, en otra realidad el fabricante de paraguas es “muy amigo” de alguien en el gobierno.

Sea como sea, esta gran variabilidad hace que, ante cualquier decisión que tomen nuestros gobernantes, siempre descubrirán la forma de justificar lo que hicieron, sea cual sea el resultado. Siempre encontrarán alguna medalla que colgarse o alguna culpa que endosar al oponente.

Toda esta introducción la hago pensando en la idea que ha tenido el Gobierno de subir el impuesto que pagan quienes tienen un seguro privado de salud. Lo piensan hacer retirando la exención que tienen esas pólizas de seguro, que hasta ahora quedan exentas de IVA. El resultado puede ser un aumento del 8% de lo que pagan un 25% de los ciudadanos que optan por contratar un seguro privado de salud en España.

¿Es racional la medida o responde a cuestiones ideológicas, sentimentales?

Si vemos lo que dicen desde el Gobierno entendemos que la exención actual del impuesto "tiene un claro sesgo regresivo que beneficia fundamentalmente a las personas y familias de renta alta". Por eso, no se trata solo de recaudar más sino de dejar de beneficiar a quien no necesita el beneficio fiscal. Interesante, eso quiere decir que dos de cada tres ciudadanos catalanes y baleares, o el 40% de los madrileños (que tienen contratada una póliza de este tipo) tienen renta alta.

Si seguimos el razonamiento del Gobierno, todas esas personas que se benefician de la exención pueden pagar un 8% más y es lo que van a hacer con lo que el Estado ingresará más y encima hará “lo justo”. O sea, la medida es racional.

Si vemos la misma realidad desde otra perspectiva, la mía, por ejemplo, la medida es irracional y mala. Vivimos en el mundo en que vivimos, no en otro. En nuestro mundo el coste de la sanidad pública se va a incrementar en los próximos años de forma importante a medida que lo hace el envejecimiento, por lo que debemos adoptar iniciativas para mejorar la financiación del sistema, la eficiencia del mismo y, a la vez, intentar aligerar su carga asistencial.

Si el 25% de la población decide pagar por un seguro médico privado, deberíamos fomentar esa realidad haciéndola atractiva, incluso usando herramientas fiscales como la deducción, en vez de castigarla. Si desincentivamos las pólizas pensando que sólo las contratan “los ricos”, podemos conseguir que parte de ellos dejen de pagarlas y se dirijan a un ya tensionado sistema público.

Según mi perspectiva el fomento del aseguramiento sanitario privado tendría tres efectos positivos:

1. Cuantas más personas tengan un seguro sanitario privado, menos se usará la atención primaria pública y algo menos la especializada. O sea, baja la presión sobre el sistema público.
2. El hecho de que muchas personas contraten seguros privados genera un sector sanitario potente con profesionales contratados, edificios construidos, facultades de enfermería y medicina privados, empresas aseguradoras y prestadores de servicios que compiten con incentivos reales por mejorar la calidad y la eficiencia del servicio. Aunque no se graven las pólizas, el crecimiento de esa actividad económica producirá más ingresos a las arcas públicas.
3. La convivencia de un sector sanitario público y uno privado puede hacer surgir oportunidades de colaboración público-privada de forma que el sistema público se beneficie también de la existencia de prestadores privados de servicios sanitarios con quienes subcontratar algunos tratamientos a precios competitivos.

Admito todas las críticas posibles, empezando con que mi opinión está cargada también de irracionalidad e ideología (me resulta muy difícil desprenderme de ellas), y aun así creo que lo que digo tiene sentido.

Vayan por delante que la “idea” es de momento eso, “una idea más de este Gobierno” y que para convertirse en realidad tendrá que contar con apoyos de partidos que, en principio, han a oponerse, viendo sus bases ideológicas.

Lo que me preocupa especialmente de este planteamiento es que, con el mismo espíritu cortoplacista, el Gobierno podría decidir gravar los servicios de las residencias privadas con un 21% alegando que “mientras exista la Ley de Dependencia”, solo las familias con rentas altas se benefician de las mismas, ya que el resto puede acceder al sistema público. Nadie que conozca cómo funcionan las cosas se tragaría algo así, pero eso nunca ha sido impedimento para aprobar reformas estrafalarias.

De momento, espero que triunfe el sentido común y no prospere la medida. También quedo abierto a escuchar otras ideas, quizás soy yo el que me equivoco y no el Gobierno.

Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.

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