El 1r Convenio Colectivo de ámbito autonómico de Cataluña de atención a las personas mayores (GERCAT) será una realidad en las próximas semanas. Después del preacuerdo alcanzado a finales de abril y de su ratificación posterior por parte de las organizaciones firmantes, ahora solo queda la publicación oficial, un trámite administrativo, el último paso de un acuerdo histórico para el sector de la atención a los mayores en Cataluña, que afectará a las residencias y centros de día cuya facturación proveniente del Departament de Treball, AfersSocials i Famílies sea superior al 60%.
Digo histórico porque, por primera vez, el sector tendrá un convenio autonómico propio en Cataluña, del mismo modo que ya sucede en otras comunidades autónomas del estado. Es histórico porque permite aumentar de un modo inmediato las tarifas públicas en residencias, centros de día y viviendas tuteladas en un escenario político, económico y social muy incierto. Y es histórico porque mejorarálas condiciones económicas de las trabajadoras y los trabajadores de unos servicios que han pasado por momentos muy difíciles a lo largo de este último año.
El acuerdo firmado por la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), La Unió Catalana d'Hospitals (La Unió) y el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), por un lado,y las organizaciones sindicales Comissions Obreres (CCOO) yla Unió General de Treballadors (UGT) culmina un largo proceso que se inició hace cuatro años y que siempre ha tenido como objetivo incrementar la dignidad de un sector demasiadas veces olvidado por las administraciones. Así pues, hay que entender este nuevo convenio como una apuesta por la responsabilidad social por parte de las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos de Cataluña, que supondrá un beneficio inmediato para las entidades y las empresas, así como para los miles de profesionales que trabajan en el sector.
Ante el nuevo convenio surgen muchas preguntas y una de las más importantes tiene que ver con su oportunidad. ¿Por qué un nuevo convenio ahora? ¿Por qué no esperar a una situación más establea todos los niveles?
Como he dicho antes, ante un escenario de gran incertidumbre política, social y económica era imprescindible dar una respuesta unitaria y que diera estabilidad. Y todo el sector sabe que era necesario incrementar las tarifas públicas para el 2021 después de un año marcado por la COVID-19 y la desocupación en los centros. Y las tarifas ya están incrementadas desde el 1 de enero. Para todos, sin excepciones.
Por otro lado, tanto el incremento de tarifas en centros de día, residencias colaboradoras, concertadas y de gestión delegada como el incremento del grado II en las prestaciones vinculadas (PEVS) no se hubiera producido de no existir el compromiso de firmar un convenio para incrementar las condiciones económicas de los trabajadores.
Se han dicho muchas cosas del GERCAT. Que será negativo para las empresas con plazas privadas, que generará un sector a varias velocidades, que no puede aprobarse porque lo prohíbe la comisión paritaria estatal… En ACRA no trabajamos con suposiciones ni especulamos con el presente y el futuro de las empresas y las entidades. Hemos actuado y actuaremos siempre en beneficio de los socios y del sector. Desde la
legalidad y el respeto por los marcos jurídicos. Eso debe quedar muy claro. Nos avalan 33 años de trayectoria y contamos con la confianza de 445 entidades, 1.148 servicios, 46.656 plazas, 39.212 trabajadores y 180.239 personas atendidas en ayuda a domicilio y teleasistencia.
Y lo que hemos hecho durante este último año. Hemos conseguido el pago de las plazas vacantes por la COVID-19 y el abono del sobrecoste en residencias y centros de día durante la pandemia, una negociación en exclusiva y que solo se ha conseguido en Cataluña. Hemos negociado también la equiparación de las tarifas de grado II y grado III, el aumento de las tarifas en 2021 y el incremento de las PEVS. Todo ello ejerciendo nuestro liderazgo, el del 70% del sector privado en Cataluña, y ser líderes implica tomar decisiones en nombre del sector, y las decisiones conllevan riesgos. Nadie se manifestó en contra cuando conseguimos todos estos logros. Hay que estar a las duras y a las maduras, ser más responsables y dejar de lado personalismos estériles. ¿Cómo se puede estar en contra de aumentar el sueldo a unas trabajadoras y trabajadores que se han dejado la piel?
El nuevo convenio no generará un sector a dos velocidades. Desde hace muchos años conviven diferentes convenios y pactos con condiciones sociales y salarios diferentes sin que se produzcan desajustes en la contratación de personal. Lo que hemos acordado recientemente es una fórmula que ya funciona en otros ámbitos cercanos (sanidad privada y concertada, sociosanitarios) con resultados positivos. Para el sector privado, hemos incluido la equiparación de las prestaciones vinculadas a los 715 € para fortalecer la capacidad de elección de los mayores. Además, la mejora de las tarifas públicas siempre ha sido un referente para las plazas privadas, que pueden incrementarse paulatinamente en los próximos años.
La aplicación del convenio solo será de obligado cumplimiento para las residencias y centros de día con una facturación superior al 60% con el Departament de Treball, AfersSocials i Famílies de la Generalitat de Cataluña. Las empresas o entidades con un porcentaje inferior o totalmente privadas podrán aplicarlo si lo desean, una opcionalidad que garantiza la libertad de elección.
Las organizaciones firmantes cuentan con una amplia representatividad que garantiza la aplicación mayoritaria del convenio, que dará oxígeno a un sectorque precisa de grandes acuerdos, de responsabilidad y de altura de miras en momentos decisivos como este.
Es una oportunidad que no podíamos dejar pasar, un acuerdo histórico en Cataluña que pone las bases para cambiar muchos otros aspectos en los próximos años.
El nuevo convenio es una apuesta de futuro, un primer paso para la dignificación del sector. Que nadie piense que vamos a renunciar a seguir mejorando la atención. Vamos a trabajar para agilizar un sistema que tarda 436 días en dar respuesta a una solicitud de dependencia, para aumentar la concertación de plazas, reivindicaremos una prestación económica especial en los casos de final de vida, y que se elimine el tope para los clientes privados con PEVS en los centros acreditados. Y seguiremos reclamando los 300 millones reivindicados en el manifiesto conjunto del sector.
El convenio es un acuerdo histórico, una apuesta de futuro. Y también un primer paso muy firme para seguir mejorando el sector. Nos lo merecemos todas y todos: empresas, entidades, trabajadoras y trabajadores.
Cinta Pascual, presidenta de ACRA
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