El rincón del director

Hasta que pase algo

Un hombre asusta a los residentes de un centro residencial. (Foto: Gemini).
Josep de Martí | Miércoles 23 de septiembre de 2026

En la residencia Las Marismas, de la que, por cierto, eres directora, hace unos meses ingresó Manuel. Tiene 68 años, una edad relativamente joven para vivir en una residencia de mayores. Llegó por una situación de urgencia social después de un ingreso hospitalario. No mantiene una relación estable con ningún familiar cercano. Durante años había vivido de forma intermitente con una hermana, alternando esas temporadas con otras en las que se buscaba la vida por su cuenta y algunas en las que había acabado viviendo en la calle.

Su ingreso en Las Marismas no se produjo por una solicitud ordinaria de plaza residencial, sino a través de un programa municipal de urgencia social. Por eso ocupa una plaza pública financiada por el Ayuntamiento. Ese programa es muy valorado por los propietarios de la residencia, ya que casi garantiza que siempre estéis a plena ocupación, aunque para ti, cada ingreso "de urgencia social" suele suponer trabajo extra y más de un dolor de cabeza.

Manuel siempre ha vivido bastante a su aire, con pocos vínculos estables y una forma de vida poco ordenada. En el informe de derivación aparecía también un antecedente de consumo problemático de alcohol, aunque sin un diagnóstico reciente ni un seguimiento específico por una unidad de adicciones. Cuando ingresó estaba muy deteriorado físicamente. Había perdido peso, caminaba con dificultad y necesitaba ayuda para algunas actividades básicas.

Durante las primeras semanas evolucionó muy bien. Comía con ganas, empezó a recuperar fuerza, volvió a afeitarse cada mañana y pronto pudo moverse por la residencia sin ayuda. El equipo estaba satisfecho. El ingreso parecía estar funcionando. Manuel también lo decía.

—Aquí se está bien. Comida hecha, cama limpia y nadie me da la lata.

La frase hacía sonreír a las auxiliares.

Al principio compartía habitación con Antonio, un residente unos años mayor que él que se mueve en silla de ruedas tras habérsele amputado una pierna por complicaciones relacionadas con la diabetes. Los dos parecieron congeniar enseguida. Veían juntos algunos partidos por televisión, comentaban las noticias y alguna tarde salían a tomar café al mismo tiempo. Durante unas semanas llegasteis incluso a pensar que se estaban haciendo amigos. Antonio decía que Manuel tenía “sus cosas”, pero que era buena persona, y Manuel bromeaba diciendo que le había tocado un compañero demasiado ordenado.

A medida que fue recuperándose empezó también a salir solo. Manuel conservaba capacidad para decidir y era funcionalmente autónomo, por lo que no había ninguna razón para impedirle ir a dar una vuelta por el barrio. Al principio salía a comprar el periódico o a tomar un café. Después empezó a volver oliendo a alcohol. Una tarde llegó algo más hablador de lo habitual. Otra regresó dando algún traspié. Al cabo de unas semanas ya resultaba evidente que algunas de aquellas salidas terminaban en un bar o en el supermercado comprando alcohol.

La primera vez que hablaste con él lo hiciste sin darle demasiada importancia.

—Manuel, puedes salir cuando quieras, pero cuando vuelves bebido se nota mucho y aquí convives con otras personas.

—Ya, ya. Me pasé un poco.

—No queremos prohibirte salir ni decirte cómo tienes que vivir, pero hay unas normas de convivencia.

—No volverá a pasar.

Durante unos días no pasó. Después volvió a pasar.

Con el tiempo las incidencias fueron aumentando. Cuando Manuel estaba sobrio podía ser cordial, incluso divertido. Hablaba con otros residentes, hacía bromas con las trabajadoras y se mostraba agradecido por la atención que recibía. Pero cuando bebía cambiaba. Elevaba la voz, discutía por cosas insignificantes y a veces reaccionaba con agresividad cuando alguien intentaba ponerle un límite.

Una noche entró en el comedor hablando muy alto. Una auxiliar le pidió que bajase la voz porque algunos residentes ya estaban cenando.

—A mí no me mandes tú.

La auxiliar intentó no entrar en la discusión.

—Manuel, solo te estoy pidiendo que hables un poco más bajo.

Él dio un golpe con la mano sobre una mesa.

—He dicho que a mí no me manda nadie.

No ocurrió nada más. A la mañana siguiente Manuel estaba avergonzado.

—Me dijeron que ayer monté un poco de jaleo.

—Bastante.

—Pues lo siento. Cuando bebo a veces se me va la boca. Pero yo no quiero hacer daño a nadie.

Te pareció sincero. Y probablemente lo era.

El problema empezó a afectar también a Antonio. Al principio quitaba importancia a las cosas. Si Manuel volvía algo bebido y hablaba demasiado, se daba la vuelta e intentaba dormir. Si encendía la televisión tarde, se lo decía al día siguiente. Pero las noches incómodas se fueron acumulando. Una madrugada Manuel entró en la habitación dando voces porque no encontraba unas zapatillas. Otra noche despertó a Antonio para preguntarle quién había tocado sus cosas. Alguna vez llegó a insultarlo cuando éste le pidió que se acostase y le dejase dormir.

Antonio aguantó bastante tiempo. Hasta que un día pidió hablar contigo.

—Directora, yo no puedo más.

Intentaste averiguar si había sucedido algo especialmente grave.

—No hace falta que pase nada grave. Yo tengo 84 años y quiero dormir tranquilo. Cuando sale por la tarde me paso la noche pensando en cómo volverá. Si vuelve bien, estupendo. Si vuelve borracho, me toca aguantarlo a mí.

Le preguntaste si creía que una conversación con Manuel podía arreglarlo.

—Ya habéis hablado con él veinte veces. Yo no quiero que lo echéis ni le deseo nada malo. Pero yo no puedo seguir compartiendo habitación con él. Ya he conocido a suficientes borrachos en mi vida como para soportar a uno a estas alturas.

Tenía razón en algo difícil de discutir. Antonio también vivía en Las Marismas y la habitación era también su casa.

Terminaste trasladando a Manuel a una habitación individual que había quedado libre. Fue una decisión que alivió inmediatamente la convivencia entre ambos, pero añadió otro problema que hasta entonces no estaba sobre la mesa. Aquella habitación individual podía haberse ocupado con una nueva admisión y tenía una tarifa superior a la de una plaza en habitación doble. Mantener a Manuel allí significaba asumir un coste económico que nadie os iba a compensar.

En una reunión alguien lo puso encima de la mesa.

—Ahora, además, estamos perdiendo dinero por esto.

La frase sonó desagradable, aunque era cierta.

No queríais convertir un problema de convivencia en una cuestión económica, pero tampoco podíais fingir que la economía no existía. La residencia estaba asumiendo el coste de una habitación individual no porque Manuel la necesitase por razones organizativas, ni porque la hubiese contratado, sino porque era la única forma que habíais encontrado de proteger el descanso y la tranquilidad de su compañero.

Y aun así, el problema no había desaparecido. Simplemente había salido de la habitación.

Durante un tiempo intentasteis abordarlo hablando con Manuel cada vez que se producía una incidencia. Se le explicó que podía salir, que nadie pretendía controlar cada aspecto de su vida y que, mientras conservase capacidad para decidir, tenía derecho a organizarse como quisiera. Pero también se le recordó que vivía con otras personas y que la libertad de uno no podía ejercerse a costa de la tranquilidad de los demás. Manuel escuchaba, asentía y casi siempre acababa diciendo lo mismo.

—Tenéis razón. Voy a controlar un poco.

A veces lo conseguía durante varios días. Después volvía a ocurrir.

También intentasteis abordar el consumo como un problema de salud y no únicamente de convivencia. Le ofrecisteis hablar con el médico, con psicología y valorar una derivación a algún servicio especializado en adicciones. Manuel reaccionó mal en cuanto escuchó aquella palabra.

—Yo no soy alcohólico.

—Nadie te está poniendo una etiqueta —intentó explicarle la psicóloga—. Solo queremos saber si podemos ayudarte a que esto no te genere problemas.

—El problema me lo generáis vosotros, que estáis todo el día pendientes de si he bebido o no. También podrías dejarme un poquitito en paz. No hago daño a nadie.

No quiso seguir hablando del tema. La situación resultaba especialmente incómoda porque en Las Marismas llevabais tiempo intentando avanzar hacia un modelo orientado hacia la Atención Centrada en la Persona (ACP). Habíais revisado muchas de esas normas tradicionales de las residencias que, con la mejor intención, acababan diciendo a personas adultas a qué hora debían acostarse, qué podían comer o qué podían hacer con su tiempo.

Una de las pequeñas decisiones que habíais tomado hacía años era permitir que quien quisiera pudiese tomar vino durante la comida o la cena. Si había contraindicación médica, se hablaba con el residente y la doctora para acercar las posiciones. Así que algunos residentes bebían medio vaso, otros uno entero y alguno repetía. Nunca había supuesto ningún problema. Hasta ahora.

En una reunión de equipo alguien planteó retirar temporalmente el vino del comedor.

—Mientras esté Manuel, por lo menos.

La propuesta provocó rechazo inmediatamente.

—¿Y por qué tiene que dejar de tomar su copa de vino doña Mercedes porque Manuel no sabe cuándo parar?

La pregunta te recordó una visita profesional que habías hecho años atrás en un viaje geroasistencial de Inforesidencias a una residencia del grupo Humanitas, en Holanda. Allí hablaban de algo que llamaban la “cultura del sí”: intentar decir sí a las decisiones de las personas siempre que fuese posible. Sí a sus costumbres, sí a sus preferencias, incluso sí a decisiones que los profesionales podían considerar poco saludables.

Pero también te habían explicado que aquel sí tenía un límite: la libertad de una persona terminaba allí donde empezaba a interferir seriamente con la libertad de los demás. Como ejemplo, precisamente, te habían hablado de un residente que quería beber. Podía hacerlo, naturalmente, pero si se emborrachaba y hacía imposible la convivencia, su derecho a beber no podía imponerse al derecho de los demás a vivir tranquilos.

Entonces la idea te había parecido bastante clara. Ahora no lo era tanto.

Una tarde, Carmen, una residente que conservaba perfectamente su capacidad para decidir y vivía en las residencias debido a las limitaciones que le ocasionaba una degeneración macular, pidió hablar contigo. Entró en tu despacho visiblemente enfadada y fue directamente al asunto.

—Esto no puede seguir así.

Sabías a qué se refería.

—El otro día ese señor volvió borracho. Yo estaba cerca de la escalera y me dijo: “¿Tú qué miras? ¡Vete de aquí o te tiro por la escalera!”.

Conocías la incidencia. Una trabajadora la había dejado registrada.

—Carmen, hemos hablado con él y estamos intentando solucionar el problema.

—Pues habláis mucho.

No respondiste.

—Yo vivo aquí. Esta es mi casa. Ya sabes que, como casi no veo, siempre tengo que ir con muchísimo cuidado. No tengo por qué tener miedo de cruzarme con un borracho por el pasillo. Además, yo ni siquiera le estaba mirando. ¡Qué le voy a mirar yo!

Intentaste explicarle que estabais trabajando con Manuel, que le habíais ofrecido ayuda y que la situación era complicada porque conservaba autonomía y capacidad para decidir.

Carmen te escuchó y después dijo:

—Muy bien. Trabajad con él todo lo que queráis. Pero mientras trabajáis con él, ¿quién trabaja para que yo no tenga miedo?

La frase se te quedó grabada. Antes de salir añadió algo más.

—Y te aviso: si vuelve a amenazarme, voy a la Policía y le pongo una denuncia. Ya sabes que soy muy tranquila, pero tengo dos nietos abogados y nunca les he pedido nada

Carmen no era la única que empezaba a quejarse. Algunos familiares habían percibido lo que estaba ocurriendo y también te lo hacían saber. Una hija te explicó que su madre procuraba no quedarse en la sala de estar cuando veía que Manuel regresaba de la calle hablando demasiado alto. Otra familia fue bastante más directa.

—No podéis esperar a que pase algo.

La frase apareció por primera vez ahí.

—Sabéis que este señor amenaza a la gente. Si un día pega a alguien y ya había antecedentes, ¿qué vais a decir?

No necesitabas que te recordasen la posible responsabilidad de la residencia. Volvisteis a hablar con Manuel. Esta vez estabais tú, la subdirectora y la trabajadora social.

—Manuel, esto está llegando a un punto muy serio.

—¿Ahora qué he hecho?

Le explicaste lo que había sucedido con Carmen. Su expresión cambió.

—¿Yo dije eso?

—Sí.

—Pues no me acuerdo.

—Que no te acuerdes no hace que no haya ocurrido.

Manuel permaneció callado unos segundos.

—Yo a esa señora no le haría nada. Decidle que lo siento.

—El problema es que ella no sabe si se lo harías o no.

—Pues que no tenga miedo. Ya hablo yo con ella para que no lo tenga.

Te sorprendió la respuesta.

—Manuel, el miedo no funciona así.

Volvió a pedir disculpas y prometió que controlaría el alcohol. Durante una semana prácticamente no salió. Cuando volvió a hacerlo, regresó sobrio las primeras veces. Después volvió a beber.

Aquello tenía algo desesperante porque el arrepentimiento de Manuel parecía auténtico. No parecía disfrutar atemorizando a nadie y nunca justificaba lo ocurrido cuando estaba sobrio. Se avergonzaba, pedía disculpas y aseguraba que no se repetiría. Pero el arrepentimiento del día siguiente no hacía desaparecer el miedo de la noche anterior.

Y ahí empezaste a preguntarte por algo que nunca habías tenido que plantearte de aquella manera: ¿cuántas veces puede una persona arrepentirse sinceramente antes de que el arrepentimiento deje de tener valor?

El asunto adquirió además una dimensión administrativa. Manuel no era un residente privado con el que la residencia hubiese firmado directamente un contrato. Su plaza estaba financiada por el Ayuntamiento y había sido adjudicada dentro de aquel programa municipal de urgencia social que tan útil resultaba en muchos otros casos. En un ingreso privado, un incumplimiento grave y reiterado de las normas de convivencia podía acabar conduciendo, con las garantías correspondientes, a la extinción del contrato. Aquí las cosas no eran tan sencillas.

La trabajadora social se puso en contacto con los responsables municipales. Enviasteis un informe detallando las incidencias, las conversaciones mantenidas, las propuestas de tratamiento rechazadas, el cambio a habitación individual y las amenazas a otros residentes. También planteasteis algo que hasta entonces no habíais dicho con tanta claridad: quizá Las Marismas no era el recurso adecuado para Manuel.

La respuesta llegó unos días después.

—Hemos recibido los informes. Hay que seguir trabajando el caso.

—Llevamos meses trabajándolo —respondiste.

—Lo entendemos, pero no podemos dejar a una persona sin recurso. Hay que valorar alternativas.

—Precisamente os estamos diciendo que creemos que necesita otro tipo de recurso.

—¿Cuál?

La pregunta os dejó sin una respuesta clara. Porque quizá no existía.

Manuel era autónomo para muchas cosas y no necesitaba un centro con una gran intensidad de cuidados físicos. A la vez, su situación social hacía muy difícil pensar en que volviese a vivir solo. No aceptaba tratamiento por su consumo de alcohol y tampoco presentaba, al menos en ese momento, un trastorno psiquiátrico que justificase otro tipo de ingreso. La residencia había acabado convirtiéndose en el lugar donde debía permanecer no necesariamente porque fuese el recurso más adecuado, sino porque parecía no haber otro disponible.

Aquello te hizo formular una pregunta incómoda durante otra reunión de equipo.

—¿Que no exista un recurso adecuado convierte automáticamente a Las Marismas en el recurso adecuado?

Nadie respondió. Uno de los profesionales volvió entonces al principio.

—No podemos encerrarlo. Es un adulto con capacidad. Si quiere salir y beber, es su vida.

—Hasta que vuelve y amenaza a Carmen —contestó otra persona.

—Entonces intervenimos cuando amenace.

—¿Cuando amenace o cuando pegue?

Hubo un silencio.

—Porque parece que estamos esperando a que pase algo.

Otro miembro del equipo reaccionó.

—¿Y qué propones? ¿Que le prohibamos salir porque algún día podría pegar a alguien?

Ese era exactamente el problema. No podíais impedirle salir sin una base jurídica y clínica muy seria que llevase a una decisión judicial. Tampoco podíais retirarle el dinero para evitar que comprase alcohol. No queríais prohibir el vino a todos los residentes porque uno de ellos tuviese un problema de abuso. Le habíais ofrecido ayuda especializada y la había rechazado. Habíais intentado minimizar el impacto trasladándolo a una habitación individual, asumiendo además el coste económico. Y la Administración, que financiaba su plaza, no parecía disponer de una alternativa inmediata. Pero tampoco podíais asegurar a Carmen que Manuel nunca cumpliría su amenaza.

Un viernes por la tarde recibiste una llamada de la residencia. Manuel había vuelto claramente embriagado. Una auxiliar intentó acompañarlo hasta su habitación y él comenzó a gritar. En un momento dado tiró una silla al suelo y levantó el brazo de forma amenazante cuando la trabajadora se acercó.

No llegó a golpearla. Dos residentes presenciaron la escena. Una de ellas, que vivía con deterioro cognitivo, se puso a llorar y pidió que llamasen a su hija porque quería marcharse de allí. A la mañana siguiente Manuel estaba sobrio.

Pidió hablar contigo.

—Me han contado lo de ayer.

—Sí.

—No recuerdo nada.

Se quedó sentado frente a ti unos segundos.

—Lo siento de verdad.

Le creíste.

—Yo nunca pegaría a una mujer.

También quisiste creerle.

—Manuel, llevas varias veces diciendo que no volverá a pasar.

Bajó la mirada.

—Ya.

—¿Aceptarías ahora que te ayudemos con el alcohol?

Negó con la cabeza.

—No necesito tratamiento. Eso ya lo he probado. Lo que necesito es controlar un poco.

Cuando salió de tu despacho volviste a pensar en aquella “cultura del sí” que tanto te había gustado conocer en Holanda. Manuel tenía derecho a decidir cómo vivir, incluso a tomar decisiones que pudieran perjudicarle. Las Marismas no era una cárcel y la atención centrada en la persona no podía consistir en sustituir sus decisiones por las vuestras simplemente porque no os gustasen.

Pero Carmen también tenía derechos. Antonio también. La auxiliar también. La residente que había llorado también. Y todos los demás residentes tenían derecho a no convertir su casa en un lugar donde estuviesen pendientes de si Manuel había salido, cuánto había bebido y en qué estado regresaría.

Quizá el problema no era si Manuel tenía derecho a beber.

Probablemente lo tenía.

La cuestión era si tenía derecho a hacer que los demás tuviesen miedo.

Volviste a llamar al Ayuntamiento.

—Necesitamos una solución.

—Estamos estudiando el caso.

—Nosotros también. Todos los días.

—Entendemos vuestra preocupación.

—No estoy segura de que la entendáis. Si mañana agrede a alguien, ¿qué tendremos que decir? ¿Que llevábamos seis meses estudiando el caso?

—¡Si agrede a alguien tenéis que denunciarlo a la Policía y enviarnos un informe.

—¿Pero lo cambiaréis de sitio?

—Entonces mandará el juez.

Te quedaste con una sensación extraña. Esa tarde, al recorrer la residencia, viste a Carmen sentada cerca de la escalera hablando tranquilamente con otra residente. Manuel había salido hacía una hora.

Te preguntaste si Carmen sabía que Manuel había salido. Y te diste cuenta de que tú sí lo sabías. Desde hacía semanas, cada vez que Manuel atravesaba la puerta para salir, una parte del equipo empezaba a preguntarse cómo regresaría. Y la duda no se quería marchar de tu interior ¿Estabais haciendo lo correcto?

¿Qué harías tú?

Preguntas para la reflexión en equipo

  • ¿Dónde debe situarse el límite entre la libertad de Manuel y el derecho del resto de residentes a vivir con tranquilidad y seguridad? ¿Es necesario que exista una agresión física para justificar una intervención más restrictiva o las amenazas reiteradas y el miedo que generan ya son suficientes?
  • ¿Qué medidas consideráis proporcionadas antes de plantear que Manuel abandone la residencia? ¿Hasta dónde debería llegar el trabajo sobre el consumo de alcohol, la intervención psicológica, los compromisos de conducta o cualquier otra medida si conserva capacidad para decidir y rechaza tratamiento?
  • ¿Qué cambia por el hecho de que Manuel ocupe una plaza pública financiada por el Ayuntamiento? ¿Puede Las Marismas decir formalmente que no dispone de los medios adecuados para atenderlo y exigir que la Administración busque otro recurso? ¿Y qué debería ocurrir si ese recurso no existe?
  • ¿Cómo aplicaríais aquí la “cultura del sí” y la atención centrada en la persona? ¿Es compatible permitir que los residentes que lo deseen tomen vino y, al mismo tiempo, establecer límites específicos para Manuel por las consecuencias de su consumo, sin convertir esa diferencia de trato en una restricción injustificada?
  • ¿Qué responsabilidad tiene la residencia respecto al miedo de los demás antes de que exista un daño físico? Si Carmen acaba denunciando a Manuel ante la policía o una familia acusa al centro de no haber actuado pese a conocer las amenazas, ¿consideráis que Las Marismas habría hecho todo lo razonablemente exigible?
  • Agradecimiento

    Este caso parte de una situación que me ha hecho llegar una profesional de la red pública de servicios sociales, Nuria Esther Sanz, a quien agradezco especialmente que haya querido compartir una dificultad real de su práctica para convertirla en una oportunidad de reflexión. Siempre resulta enriquecedor que profesionales de ámbitos diferentes aporten casos, preguntas y experiencias que nos permitan trabajar sobre problemas para los que rara vez existe una respuesta sencilla.

    Como ocurre con todos los casos de Las Marismas, la situación ha sido modificada y novelada para proteger a las personas implicadas y, sobre todo, para ampliar el dilema y facilitar una reflexión colectiva. Si alguien que lee este caso se ha encontrado con una situación parecida, sería especialmente interesante que explicase en los comentarios cómo actuó, qué resultado obtuvo o qué solución propondría.

    Generar red también consiste en compartir dudas, experiencias y talento profesional.

    Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.

    Síguele el Linkedin: https://www.linkedin.com/mynetwork/discovery-see-all/?usecase=PEOPLE_FOLLOWS&followMember=josep-de-marti-valles

    OPINIÓN DEL EXPERTO

    Cuidar sin expulsar, proteger sin encerrar

    Por Quico Mañós, educador social, asesor y docente universitario especialista en bioética, dependencia y el acompañamiento a personas sin hogar.

    El caso de Manuel no plantea únicamente qué debe hacer una residencia ante una persona que consume alcohol. Plantea una cuestión mucho más profunda: cómo proteger simultáneamente la autonomía de una persona y el derecho del resto de residentes a vivir en su casa con tranquilidad, dignidad y seguridad.

    Desde mi experiencia en el acompañamiento a personas en situación de sinhogarismo, creo que el primer riesgo es reducir a Manuel a la etiqueta de “alcohólico” o de “residente conflictivo”. Antes que nada, estamos ante una persona de 68 años, con una trayectoria marcada por la precariedad, la falta de vínculos estables, la pérdida de apoyos y algunos periodos de vida en la calle. Su llegada a la residencia se produce, además, desde una situación de urgencia social y después de un deterioro físico importante.

    Esto no justifica las amenazas ni las conductas intimidatorias, pero ayuda a comprender que el consumo de alcohol puede estar relacionado con una historia de sufrimiento, soledad, desorganización vital y estrategias de supervivencia. La comprensión no debe confundirse con la permisividad. Comprender mejor a Manuel tiene que servir precisamente para intervenir mejor.

    Las Marismas se ha convertido, en cierto modo, en el recurso disponible por defecto. No necesariamente porque sea el recurso más adecuado, sino porque no parece existir una alternativa clara para una persona que mantiene muchas capacidades funcionales, pero que necesita apoyos sociales, sanitarios y relacionales específicos. Este es un problema frecuente: determinados recursos acaban acogiendo a personas para las que no fueron diseñados y, después, se les exige que resuelvan en solitario situaciones que requieren una respuesta comunitaria y multidisciplinaria.

    Manuel conserva capacidad para decidir. Eso significa que puede rechazar un tratamiento, no aceptar una derivación a un servicio de adicciones o decidir salir de la residencia. La atención centrada en la persona no puede consistir en sustituir automáticamente sus decisiones por las de los profesionales. Pero conservar la capacidad de decidir tampoco significa que pueda amenazar, intimidar o alterar de forma reiterada la vida de los demás sin que la residencia intervenga.

    La libertad de Manuel no incluye el derecho a generar miedo.

    No creo que haya que esperar a que se produzca una agresión física para actuar. Las amenazas reiteradas, los insultos, la alteración del descanso, el golpe sobre la mesa, el lanzamiento de una silla y el gesto amenazante hacia una trabajadora ya constituyen conductas suficientemente graves para activar una intervención formal. El miedo de Carmen no es una exageración ni un inconveniente secundario. Para una persona con una discapacidad visual, encontrarse con alguien intoxicado que le amenaza en un pasillo puede limitar su libertad de movimiento, su autonomía y su sensación de seguridad. Antonio también tiene derecho a dormir tranquilo. Y las trabajadoras tienen derecho a desempeñar su tarea sin sentirse expuestas.

    Por tanto, la pregunta no debería ser únicamente si Manuel tiene derecho a beber. Probablemente lo tiene, siempre que conserve capacidad para decidir y no exista una contraindicación clínica que exija otra actuación. La pregunta es cómo se puede reducir el daño que ese consumo está provocando en él y en las personas que conviven con él.

    Yo no esperaría a que ocurriera algo más grave. Plantearía de inmediato un plan individualizado de seguridad y convivencia, elaborado con Manuel cuando estuviese sobrio, y revisado con el equipo, los servicios sociales municipales y los profesionales sanitarios correspondientes. Ese plan debería incluir, como mínimo:

    • una valoración clínica y social actualizada del consumo, la posible dependencia, los episodios de pérdida de memoria, el estado emocional, la salud mental y los factores que desencadenan las situaciones de riesgo;
    • una intervención motivacional y de reducción de daños, sin convertir la abstinencia en una condición previa para recibir atención, pero explicando con claridad las consecuencias de determinados comportamientos;
    • unos compromisos concretos de convivencia, comprensibles y realistas: no amenazar, no insultar, no golpear mobiliario, no intimidar a residentes o profesionales y aceptar determinadas medidas de apoyo cuando vuelva intoxicado;
    • un protocolo conocido por todo el equipo para actuar ante una situación de embriaguez o agitación, evitando improvisaciones y evitando también que una trabajadora tenga que afrontar sola una situación de riesgo;
    • medidas específicas de protección para las personas afectadas, especialmente Carmen, Antonio y las profesionales, sin obligarlas a modificar permanentemente sus rutinas para evitar a Manuel;
    • una reunión formal con el Ayuntamiento para determinar si Las Marismas dispone realmente de los medios necesarios y cuál debe ser el recurso alternativo o el refuerzo asistencial.

    La habitación individual fue una medida razonable para proteger a Antonio, pero no puede convertirse en la solución definitiva ni en una forma de ocultar el problema. Ha reducido una parte del conflicto, pero no ha resuelto el riesgo en los espacios comunes. Además, si esa medida genera un coste adicional, no parece adecuado que la residencia lo asuma indefinidamente sin que la Administración responsable de la plaza lo conozca y lo valore.

    La financiación pública de la plaza no convierte a Manuel en una persona con menos derechos, pero tampoco permite que la Administración se limite a decir que “hay que seguir trabajando el caso” cuando las incidencias se repiten y aumentan. La residencia debe poder comunicar formalmente que existe un desajuste entre las necesidades de Manuel y los medios del centro. Y el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de buscar una alternativa, reforzar los apoyos o asumir las condiciones necesarias para que la atención pueda continuar con seguridad.

    Que no exista inmediatamente otro recurso no puede traducirse en dejar a todo el mundo esperando a que ocurra una desgracia. Si no hay una alternativa residencial adecuada, habrá que construir una respuesta provisional: más apoyo profesional, seguimiento sanitario, intervención especializada en adicciones, acompañamiento en determinados momentos, revisión frecuente del plan y una persona responsable de coordinar el caso. La ausencia de recursos no puede convertirse en una justificación para normalizar el miedo.

    La “cultura del sí” tampoco significa decir que sí a cualquier conducta. Significa partir de la vida, los deseos y las decisiones de la persona, procurando mantener el máximo grado de libertad posible. Pero cada sí debe ir acompañado de una responsabilidad y de unos límites claros. Se puede decir sí a que Manuel salga, sí a que conserve sus rutinas y sí a que rechace un tratamiento. No se puede decir sí a que los demás residentes tengan que vivir pendientes de su regreso o renunciar a utilizar los espacios comunes por miedo.

    Tampoco sería necesariamente contradictorio mantener la posibilidad de que otros residentes tomen vino y establecer medidas específicas con Manuel. No se trataría de castigarlo por su diagnóstico, sino de responder a unas consecuencias concretas y documentadas. La diferencia de trato puede ser legítima cuando se basa en una necesidad de protección individualizada, es proporcional, se explica a la persona y se revisa periódicamente.

    ¿Qué haría yo? Mantendría inicialmente a Manuel en la residencia, pero no en una situación de espera indefinida. Activaría un plan urgente, con responsabilidades, plazos y medidas concretas. No esperaría a una agresión física. Si, a pesar de ese plan, continuasen las amenazas o las conductas intimidatorias, solicitaría formalmente un cambio de recurso y, ante una situación de peligro inmediato, aplicaría los protocolos de emergencia correspondientes.

    La residencia debe evitar dos errores opuestos: expulsar a Manuel sin alternativa, devolviéndolo a una situación de exclusión, o proteger su autonomía de tal manera que el resto de residentes tenga que asumir las consecuencias de una convivencia insegura.

    Cuidar a Manuel implica no abandonarlo. Proteger a Carmen, a Antonio, a la trabajadora y al resto de residentes implica no pedirles que esperen a que ocurra algo irreparable. La buena atención centrada en la persona no consiste en escoger entre Manuel y los demás. Consiste en construir una respuesta que reconozca los derechos de todos y que no convierta la falta de recursos del sistema en sufrimiento añadido para ninguna de las personas implicadas.

    Este caso no tiene una solución sencilla. Pero sí tiene una exigencia clara: no esperar a que pase algo para empezar a actuar.

    REFLEXIÓN DESDE LA ÉTICA PRINCIPIALISTA DE BEAUCHAMP Y CHILDRESS

    El caso de Manuel puede analizarse a partir de los cuatro principios de la bioética principialista:

    Autonomía. Manuel conserva capacidad para decidir sobre su vida y puede rechazar un tratamiento. Esta decisión debe ser respetada, siempre que exista capacidad suficiente y una información adecuada. Sin embargo, respetar su autonomía no significa aceptar cualquier conducta ni ignorar las consecuencias que sus decisiones tienen sobre otras personas.

    Beneficencia. La residencia debe procurar el bienestar de Manuel, ofreciendo atención sanitaria, apoyo psicológico, intervención motivacional y alternativas de reducción de daños. Beneficiar no es únicamente intentar que deje de beber, sino ayudarle a recuperar vínculos, seguridad y calidad de vida sin convertir el tratamiento en una imposición.

    No maleficencia. También existe el deber de evitar daños previsibles. Las amenazas, la intimidación, la alteración del descanso y el miedo que experimentan Carmen, Antonio y las trabajadoras ya constituyen daños, aunque todavía no haya una agresión física. No sería ético esperar a que ocurra algo irreversible. Deben establecerse medidas de prevención y protección proporcionadas.

    Justicia. Manuel no debe ser discriminado por su historia de sinhogarismo o por su consumo de alcohol, ni ser expulsado sin alternativa. Pero la justicia también exige proteger los derechos del resto de residentes y de las profesionales. La Administración debe garantizar un recurso adecuado y no trasladar indefinidamente a la residencia la responsabilidad de resolver una situación para la que quizá no dispone de medios suficientes.

    La respuesta ética no consiste en escoger entre Manuel y los demás. Consiste en equilibrar autonomía, cuidado, protección y justicia mediante un plan individualizado, proporcional y revisable. La atención centrada en la persona no puede convertirse en abandono de los demás, ni la seguridad colectiva en una excusa para expulsar a quien necesita apoyo.

    Quico Mañós destaca por su trayectoria en la implementación de buenas prácticas asistenciales, la defensa de los derechos civiles y la dignificación del envejecimiento activo. Ha asesorado en la creación y constitución de 35 Espacios de Reflexión Etica en Servicios Sociales en varias comunidades del Estado y especialmente en Catalunya. Actualmente es patrón de la Fundación Heura, especializada en sinhogarismo; Secretario del Comité de Etica de Vidasenior Ilunion, también es asesor del IMSERSO en la implementacion de AICP en sus centros de Referencia Estatales.

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