Leo una noticia llegada de Estados Unidos y me quedo pensando. Según explica el artículo de La República, algunas residencias para personas mayores pueden superar los 300.000 dólares anuales. No estamos hablando de centros de lujo en el Beverly Hills de las películas. Lo hacemos de atención a personas mayores en residencias "normales", ya que la noticia refleja medias e informaciones de diferentes estados.
Cuando uno lee cifras así desde España, la primera reacción es pensar que aquello es una locura. La segunda es preguntarse cómo consiguen pagar esas cantidades.
Si algo tenemos claro quienes llevamos años observando el sector residencial es que cuidar personas es extraordinariamente caro. Y lo es porque la atención a personas dependientes requiere muchas horas de trabajo humano. Y el trabajo humano cuesta dinero.
A veces escucho decir que las residencias son caras. Yo suelo responder algo diferente. Las residencias son costosas.
La diferencia parece pequeña, pero para mí no lo es.
Algo es caro cuando cuesta más de lo que vale. Algo es costoso cuando vale mucho porque requiere muchos recursos.
Pensemos un momento qué significa atender correctamente a una persona con una dependencia importante. Significa ayudarla a levantarse. A asearse. A vestirse. A comer. A moverse. A tomar su medicación. A controlar riesgos de caídas. A gestionar problemas de conducta derivados de una demencia. A acompañarla cuando está triste. A atenderla si se desorienta a las tres de la madrugada. Y, encima de eso, añadamos una capa más: todo eso hay que hacerlo sin olvidar que cada persona es única, con su historia y sus preferencias, que deben ser respetadas. Así que, más que "café para todos", las residencias se orientan a parecerse más a una "cafetería barista", con diferentes opciones y tamaños.
Eso requiere personas, cada vez más. Y ahí aparece el gran elefante en la habitación.
Llevamos años diciendo que faltan gerocultoras. Faltan enfermeras. Faltan médicos vinculados al sector. Faltan fisioterapeutas. Faltan terapeutas ocupacionales. Y, al mismo tiempo, también llevamos años diciendo que muchas de esas profesionales cobran menos de lo que merecen y trabajan en condiciones que difícilmente pueden considerarse atractivas para captar nuevas vocaciones. Ya escribí hace unos meses sobre la dificultad para encontrar enfermeras para residencias y sobre la necesidad de buscar soluciones imaginativas para atraer talento al sector.
Entonces aparece una pregunta incómoda: si queremos más personal y mejor pagado, ¿qué ocurrirá con el precio de las residencias?
La respuesta es sencilla: subirá. Y subirá mucho.
No hace falta ser economista para entenderlo. En todas las residencias, el principal coste es el personal. Si incrementamos ratios y mejoramos salarios, el coste final aumenta inevitablemente.
¿Quiero decir que no debamos hacerlo? No.
Lo que digo es que debemos ser sinceros cuando hablamos de ello y no sorprendernos cuando vemos lo que sucede en Estados Unidos u otros países.
Quien diga que podemos tener más personal, salarios más altos, edificios más modernos, más habitaciones individuales, atención centrada en la persona, unidades de convivencia, más coordinación sociosanitaria y precios contenidos, todo al mismo tiempo, una de dos: o se engaña a sí mismo o nos intenta engañar a los demás.
Mientras sigo pensando en los precios de Estados Unidos, de los que trata la noticia, me acuerdo también de los países del norte de Europa. Allí encontramos residencias con dotaciones de personal que muchas veces admiramos durante los viajes geroasistenciales que organizamos desde Inforesidencias. Los salarios son mucho más elevados. Los recursos también.
Pero existe una diferencia importante. En muchos casos no es la persona mayor quien paga directamente esos costes. Los paga el sistema. Los pagan los impuestos. Los paga una sociedad que ha decidido asumir colectivamente una proporción muy importante del coste de los cuidados.
En Estados Unidos el modelo es diferente. Buena parte de los costes recaen sobre las personas, sus familias, sus seguros o su patrimonio. Existen programas públicos como Medicaid para quienes cumplen determinados requisitos económicos, y, aun así, muchos viven con el temor de que una necesidad prolongada de cuidados pueda consumir buena parte de los ahorros de toda una vida.
Y entonces vuelvo a España.
Aquí aproximadamente un 12 % de las personas de más de 85 años viven en residencias. Según varios informes, hoy faltan más de 75.000 plazas y el déficit va en aumento.
Al mismo tiempo, miles de familias ya tienen dificultades para pagar una plaza privada con los precios actuales, que, según el informe de precios de residencias privadas que Inforesidencias publica cada año, supera ampliamente los 2.000 euros al mes. Y aquí aparece el dilema.
Uno de verdad. No el de los discursos. Si avanzamos hacia un modelo con ratios mucho más elevadas y salarios mucho mejores, probablemente tendremos residencias de mayor calidad asistencial. Pero también más caras. Quizá tan caras que muchas personas no podrán acceder a ellas (o sea, no podrán pagarlas de su bolsillo ni sobrevivir a las listas de espera).
Si apostamos por contener costes para que las plazas sean más accesibles, corremos el riesgo de perpetuar plantillas insuficientes y que el sector no consiga atraer el talento que necesita.
La alternativa que se plantea desde algunos ámbitos es potenciar la atención domiciliaria.
La idea es atractiva. Todos preferiríamos permanecer en casa. Yo también.
Pero llevo demasiado tiempo observando situaciones de dependencia como para creer que el domicilio puede resolverlo todo.
Ya escribí hace unos meses que nuestros gobernantes deberían tener cuidado al presentar el cuidado en casa como una solución universal. Hay situaciones en las que funciona muy bien. Otras en las que simplemente el domicilio es inadaptable o no cubre todas las necesidades.
Y cuando lleguen los años en los que más del 30 % de la población supere los 65 años, la pregunta será todavía más difícil.
¿Queremos un sistema muy intensivo en personal, aunque genere menos plazas?
¿Queremos un sistema más accesible económicamente, aunque las ratios sean menores?
¿Queremos asumir, vía impuestos, una parte mucho mayor del coste?
¿Estamos dispuestos a pagar esos impuestos?
Porque, al final, alguien paga. Siempre. La familia, la persona mayor, el contribuyente. O una mezcla de los tres.
Llevo un rato dándole vueltas y reconozco que no encuentro una respuesta que me deje completamente tranquilo.
Veo los precios de Estados Unidos y me parecen difíciles de asumir.
Veo las dificultades de muchas familias españolas para pagar una residencia privada y también me preocupan.
Veo las reivindicaciones legítimas de quienes trabajan cuidando personas mayores y me parecen razonables.
Veo las necesidades crecientes de una sociedad cada vez más envejecida y me pregunto si somos plenamente conscientes de lo que viene.
Quizá el verdadero problema es que seguimos buscando una solución perfecta para un problema que no la tiene.
Y mientras seguimos discutiendo, los mayores continúan envejeciendo. Quizás la solución es apostar por una solución que no guste a nadie y, aun así, sea la que menos disguste en conjunto.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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