Se trata de un acuerdo que llega después de seis años de reivindicaciones laborales, reivindicaciones iniciadas e impulsadas por los responsables políticos de la Diputación Foral de Álava, posteriormente lideradas por los sindicatos, y finalmente “abanderadas” por Podemos que se ha colgado la medalla al condicionar la firma del mismo a la aprobación de los presupuestos en las Juntas Generales.
Se trata de un convenio a medio camino entre el convenio estatal y los convenios vizcaíno y guipuzcoano. Establece el salario de la gerocultora en 1.500 euros para finales de 2028, con una jornada de 1.692 horas7año para esa fecha; una reducción de 80 horas.
Aunque no sabemos cuáles serán los salarios del personal gerocultor, y en consecuencia no podemos hablar de diferenciales, en este momento el escenario actual es el siguiente:
Se trata de un incremento sustancial, del orden del 30% con respecto al estatal, que se incrementa otro 5% aprox. si tenemos en cuenta la reducción de jornada.
Como llevamos tiempo diciendo, todo incremento salarial que se haga en el sector, siendo JUSTO y NECESARIO, NO VA A SOLUCIONAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE PERSONAL; ni el déficit de profesionales, ni el alto índice de absentismo.
Ejemplo de esto último, Vizcaya y Guipuzcoa que son los territorios con los salarios sustancialmente más elevados del sector privado, son también de los territorios con el índice más elevado de absentismo. Y qué decir de los empleados públicos del sector en todo el estado que, con salarios mucho más elevados, disparan el índice de absentismo, llegándose a duplicar con respecto al sector privado. Es para hacérselo mirar, a más salario, más absentismo; algo no se está haciendo bien.
Felicitándonos por el acuerdo alcanzado, es importante señalar que se trata de un acuerdo que nace “dopado” por parte de la Diputación Foral de Araba que va a dar “ayudas” económicas a las residencias de menos de 90 plazas para afrontar este incremento de costes los próximos tres años. Se trata de una cantidad que la Diputación otorgará a cada centro por cada una de las plazas que tenga ocupadas, sean estas privadas 100% o con prestación económica vinculada al servicio.
Álava es un territorio en el que no hay prácticamente plazas concertadas con la iniciativa privada, y no las hay, porque en este territorio se realizó un importante despliegue de centros de titularidad y gestión públicas en época de vacas gordas denostando todo lo privado, mensaje que 40 años después todavía perdura en la sociedad alavesa avivado por los responsables políticos.
Por poner en contexto, la Diputación Foral de Álava, al igual que las otras Diputaciones y el Gobierno Vasco, en materia de atención a la dependencia, están en el furgón de cola de las comunidades autónomas. Lo vemos mensualmente en las estadísticas del IMSERSO y el Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En el País Vasco, más de la mitad de las personas dependientes reciben la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, y de estas 40.000 personas, la mitad, son dependientes grados II y III que son atendidas en sus casas por un familiar directo, habitualmente hija, mujer, madre o hermana; en el mejor de los casos con ayuda de servicio doméstico, y/o con ayuda del ámbito de la economía sumergida. Es decir, esta comunidad autónoma no apuesta por los servicios profesionales.
Euskadi es también la comunidad con el mayor porcentaje de personas reconocidas como dependientes desatendidas, con un 15,69% de las personas dependientes en el LIMBO.
Reiterando mi más sincera felicitación a los agentes alaveses por el acuerdo alcanzado, la firma de este convenio, el recientemente firmado en Madrid, o el de la comunidad valenciana, deberían de llevarnos a reflexionar sobre el importante rol que cada vez más juegan las patronales de carácter regional del sector, pero eso lo dejamos para otro día.
A empezar con buen pie el próximo 2026.
Aitor Pérez Artetxe es socio director de Gerokon