El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 avanza en la elaboración de un nuevo marco normativo que transformará la alimentación en las residencias de personas mayores, con el objetivo de garantizar menús más saludables, sostenibles y adaptados a las necesidades individuales de los usuarios.
El ministro de Derechos Sociales, que también lo es de Consumo, Pablo Bustinduy avanzó que el futuro decreto obligará a que al menos el 90% de las raciones de frutas y verduras que se sirvan en las residencias sean frescas y de temporada. El documento incluirá además que un 10% proceda de producción ecológica y otro 10% de circuitos cortos de proximidad.
Estas medidas se enmarcan en el Real Decreto de Alimentación Saludable en Hospitales y Residencias, desarrollado por el Ministerio de Consumo en colaboración con Sanidad.
Bustinduy explicó que el objetivo del Gobierno es fomentar un modelo alimentario sostenible que reduzca la presencia de ultraprocesados en los centros. Por este motivo, el borrador establecerá que todas las comidas se preparen en las cocinas propias de las residencias siempre que estas dispongan de instalaciones adecuadas, evitando así el uso de productos precocinados.
El decreto incorporará también medidas para garantizar la variedad de los menús, que no podrán repetirse en un plazo mínimo de 28 días en el caso de las residencias. Según el ministro, “hay un clamor social en España por mejorar la alimentación en hospitales y en residencias”, y proyectos como el del Hospital Nacional de Parapléjicos demuestran la importancia de apostar por productos frescos y de temporada.
Bustinduy insistió en que no puede ser que “la alimentación que recibimos no corresponda con los cuidados, los tratamientos y el trato que estamos recibiendo para mejorar nuestra salud”, recordando que “la alimentación es un derecho” y que los centros deben estar “a la altura”.
El texto normativo exigirá además que las residencias cuenten con menús especiales adaptados a las necesidades individuales de cada residente por razones de salud, éticas o religiosas. Cualquier modificación de las limitaciones alimentarias deberá solicitarse de forma expresa por la persona usuaria y obtener la valoración favorable del equipo asistencial, siempre que sea compatible con su situación clínica, nutricional y funcional.
Bustinduy recordó que el decreto prevé retirar los ultraprocesados de los menús destinados a niños y adolescentes ingresados, en coherencia con el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles aprobado en abril de 2025. Asimismo, al menos el 80 % de los productos disponibles en las máquinas de ‘vending’ de residencias y otros centros públicos deberán ser saludables.