En 2024, el Gobierno de España paralizó un incremento de 600 millones en la financiación del Sistema de Dependencia, afectando servicios y prestaciones. A pesar del aumento en beneficiarios y gastos, la atención sigue siendo insuficiente y "se consolida un sistema Low Cost": "Las listas de espera son alarmantes, con más de 270,000 personas esperando atención".
Es importante recordar que, en España, cada 15 minutos muere una persona atrapada en el laberinto burocrático de la Ley. Durante estos 18 años, el Sistema de Atención a la Dependencia ha brindado atención a 3.699.078 personas, mientras que 900.000 han fallecido en las listas de espera[1].
Durante la presentación del XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia que realiza la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se puso sobre la mesa que el incremento de 600 millones de euros que el Plan de Choque había promovido en los tres años previos (2021/2023) fue paralizado por el Gobierno de España al año pasado. Esta decisión representa una reducción significativa en la financiación del Sistema, la cual se ha manifestado no tanto en el aumento del número de beneficiarios, que ha continuado creciendo, sino más bien en la restricción de sus servicios y prestaciones.
A pesar del significativo aumento en la financiación que obtuvo el Sistema durante el periodo de 2021 a 2023, gracias al Plan de Choque, este aún se desarrolla bajo un modelo de bajo coste. Las prestaciones y servicios ofrecidos son de escasa intensidad y no satisfacen las necesidades de quienes se encuentran en situación de dependencia. Un claro ejemplo de esta realidad es el servicio de teleasistencia.
El Sistema de la Dependencia en España cuenta con 65.973 personas beneficiarias que reciben únicamente la prestación de Teleasistencia, lo que representa un aumento de 4.976 en comparación con el año 2023. En la Comunidad de Madrid se concentra uno de cada tres casos, es decir, el 33,6%, sumando un total de 22.180 beneficiarios.
Aunque el presupuesto estatal para la dependencia no se incrementó, en 2024 se registró un aumento del gasto de 187 millones de euros debido a la obligación del Ministerio de mantener un nivel mínimo de financiación, ya que el número de personas atendidas había crecido. En otras palabras, el incremento del gasto se debió a un mandato legal y no a un compromiso político. Además, fue necesario suplementar 48 millones de euros para cubrir las cuotas de Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales.
En 2024, el Sistema alcanza su máximo histórico de inversión, con un total de 12.189 millones de euros, lo que equivale al 0,8% del PIB. Esta cifra es la mitad de lo que, en promedio, invierten los países de la UE.
Con todo esto, el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destaca algunos datos, ya que el Sistema ha continuado con la tendencia ascendente en su alcance gracias a este presupuesto europeo: se han atendido a 106.558 personas adicionales; 69.650 personas más cuentan con el reconocimiento de su situación; se registraron 104.276 solicitudes adicionales en dependencia; y hubo 93.584 resoluciones de grado más.
Sin embargo, esta asociación explica:
- Disminuye el impacto en la generación de empleo. Por primera vez desde 2020, el impacto en la creación de empleo se ha reducido a menos de 40 empleos por cada millón de euros invertidos en el Sistema, alcanzando un total de 39,3.
- También disminuye también la tasa de retornos al Estado a través de impuesto de sociedades, cuotas a la seguridad o el IRPF, colocándose en el 40,1%. SE trata de la más baja de los últimos cuatro años.
El incremento del 14% en las prestaciones económicas para cuidadoras familiares, en comparación con los servicios profesionales, es la causa en ambos casos.
El cumplimiento del objetivo del Plan de Choque del Ministerio para reducir las listas de espera ha sido obstaculizado por la burocracia y el limitado desarrollo del Sistema en ciertas Comunidades: únicamente se han reducido en 26.106 el número de personas que permanecen en el limbo de la dependencia. Si se mantiene el ritmo del último año, alcanzar la atención plena tomaría diez años y medio.
El año 2024 concluye con un total de 270.325 individuos en espera de un procedimiento. De ellos, 142.466 tienen su derecho reconocido y están a la espera de atención, lo que representa una disminución de 36.778 en comparación con el año anterior. Además, se suman 127.879 personas que aún necesitan ser valoradas, lo que implica un aumento de 10.698 respecto al año pasado.
En 2023, se registró un tiempo medio de 334 días desde la solicitud hasta la resolución del expediente, lo que representa un aumento de diez días en comparación con el año anterior.
El ritmo de fallecimientos en las listas de espera se mantiene constante. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, un total de 34.252 personas perdieron la vida mientras estaban en la lista de espera para recibir atención por dependencia: 17.158 esperaban una resolución y 17.094 no pudieron ejercer sus derechos, a pesar de tener reconocida su situación de dependencia. Aunque no fallecieron directamente por esta causa, sí lo hicieron con la expectativa frustrada de poder acceder a los servicios y atenciones que les correspondían.
El 41,9% de quienes reciben apoyo del Sistema son atendidos a través de la Prestación de Cuidadoras Familiares, un porcentaje que aumentará en 2024. En ese año, el importe medio mensual de esta prestación será de 264,11 euros, beneficiando actualmente a 636.030 personas. Según los diferentes grados, las cantidades promedio son las siguientes: para el Grado I, se asignan 168,8 €/mes; para el Grado II, 277,2 €/mes; y para el Grado III, 384,6 €/mes.
Un Proyecto de reforma de la Ley ha sido aprobado recientemente, a pesar de no contar con un incremento en el presupuesto y de que aún no se han implementado los contenidos de la norma vigente. Aunque existen aspectos positivos en esta reforma, sería fundamental aumentar en 1.000 millones la partida destinada a dependencia en los próximos PGE para convertir estas “buenas intenciones” en una realidad. Además, se requiere que las Comunidades Autónomas aceleren los procedimientos necesarios para reducir la lista de espera, aumenten las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, así como que faciliten compatibilidades.
Las enormes desigualdades en cobertura y modelos de gestión entre territorios persisten. Este año, la escala ha sido aprobada por nueve Comunidades. Lideran la clasificación Castilla y León y Castilla La Mancha, ambas con 8,3 puntos. En el extremo opuesto se encuentran Murcia (3,1), Canarias (3,3), Cataluña (3,6) y Cantabria (3,6).
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- 12.000 millones de euros en inversión del Sistema de la Dependencia, la cifra más alta hasta la fecha, a pesar de la paralización del incremento de financiación estatal. Esta cifra supone el 0,8% del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE
- 270.325 personas están a la espera de ser atendidas, en las distintas fases del procedimiento. Al ritmo del último año se tardarían más de 10 años en alcanzar la plena atención.
- 34.252 personas fallecieron en 2024 esperando ser valoradas o atendidas. Cada 15 minutos fallece en España una persona en las listas de espera de la dependencia.
- El tiempo medio de resolución en España fue de 334 días, diez más que el año anterior.
- Se mantienen las desigualdades entre territorios. Castilla La Mancha y Castilla y León alcanzan en la Escala del Observatorio la mayor puntuación (8,3). Murcia (3,1) y Canarias (3,3) las que menos.
- 1.636.757 personas tienen reconocida su situación de dependencia, al finalizar 2024. En este año han aumentado en 106.558 el número de personas atendidas.
LEA COMPLETO Y DESCARGUE AQUÍ EL DICTAMEN ELABORADO POR EL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA