Envejecimiento en Red acaba de publicar un nuevo informe, esta vez sobre Instrumentos de financiación y gestión en residencias de personas mayores, donde se analizan “las relaciones entre los métodos clásicos de financiación pública con los modos de producción y gestión de estos servicios, especialmente cuando se comparten con la iniciativa privada”, tal y como se señala en su introducción.
Los autores del estudio Mª Ángeles Tortosa Chuliá, Amadeo Fuenmayor Fernández y Rafael Granell Pérez, todos ellos miembros del equipo del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, señalan como prioritario analizar la colaboración público-privada y las vías de financiación del sector público, en un contexto además donde la crisis económica ha provocado no sólo en las administraciones públicas, sino también en los oferentes privados una situación financiera complicada. A la que habría que añadir la presión por cumplir los objetivos y contenidos del Sistema de la Promoción y Atención a la Dependencia (SAAD) al tiempo que se controla el gasto público y se incrementa la oferta de servicios públicos; y la necesidad de corregir situaciones como el “limbo de la dependencia, la excesiva burocracia o la existencia de trabas burocráticas innecesarias, la merma en la calidad del servicio, la insatisfacción de necesidades básicas de los dependientes, la imposibilidad de acceso a los servicios, las duplicidades de actividades, la falta de información o información asimétrica, la `sanitarización´ de los servicios sociales, etc”.
Siendo el principal objetivo de este informe generar información sobre el funcionamiento y evolución futura de los instrumentos financieros y de gestión de las residencias de personas mayores, en especial las pertenecientes al tercer sector. Una tarea que los autores califican de “relevante dada la heterogeneidad y complejidad actual del conjunto de instrumentos aplicados, lo que genera confusión y descontento entre los oferentes, especialmente entre los que pertenecen al sector no lucrativo”.
El estudio encargado por Lares, Comunidad Valenciana, está estructurado en cuatro apartados según la institución pública que diseña y aplica los instrumentos financieros, analizando los mecanismos empleados y recomendados a nivel de la Unión Europea; los regulados por el Estado Español; los introducidos por las distintas Comunidades Autónomas y, estudiando por último el caso concreto de la Comunidad Valenciana. En el segundo bloque, se detallan las características de cada uno de los instrumentos (subvenciones, conciertos tradicionales y sociales, concesiones administrativas y concesiones de obra), así como sus efectos positivos y negativos tanto en el ámbito privado como en el tercer sector; y en el último bloque, se resumen las principales conclusiones, que servirán de base para efectuar propuestas de reforma para el caso de la Comunidad Valenciana.
Así concluyen entre otras cosas que:
- Se debería romper con la dispersión de normas específicas sobre diversos colectivos y generar un modelo más homogéneo de servicios residenciales, ante los desafíos legislativos planteados y los problemas existentes en el actual complejo sistema de financiación de las residencias de la CV,
- Es necesario incluir aspectos sociales ante las continuadas imperfecciones, limitaciones y fallos del sector público para evitar la mercantilización o “marketización” de los servicios sociales para mayores.
- La excesiva dependencia de subvenciones de las entidades del sector solidario, las está convirtiendo en un grupo activo de presión, ya que dedican gran parte de su tiempo a tareas burocráticas y de búsqueda de captación de fondos públicos en todos los niveles del sector público (nacional, regional, local).
- Hay que trasvasar parte de los fondos de las subvenciones, hasta ahora sobre-utilizadas, a otros mecanismos de financiación como los contratos públicos, permitiendo así la entrada a todas las entidades privadas que plantean un mismo tipo de servicio y gestionan plazas públicas. Otra opción aunque insuficiente, sería la introducción de “cláusulas sociales” en las subvenciones.
- Mantener la prestación vinculada al servicio con el fin de potenciar la libertad de elección de los usuarios de servicios.
-Las agencias públicas de contratación deben velar por el buen funcionamiento de los contratos públicos celebrados en la CV en el ámbito de las residencias, para ganar en competencia y eficiencia y reducir la corrupción a través de los contratos públicos.
- Es importante que en las concesiones de contratos públicos para todo tipo de entidades privadas, se consideren los condicionantes de calidad y de obtención de determinados resultados en salud/o cuidados, frente a la oferta más barata.
Para realizar por ultimo una serie de propuestas en relación a las subvenciones, sobre las que recomiendan “no mantener como sistema financiero regular para las entidades sin ánimo de lucro en el ámbito residencial”, aunque si “complementariamente, pero siempre por motivos de innovación o de inversiones extraordinarias... Así mismo deberían fijarse topes máximos o umbrales de precios o cantidades sobre ciertos gastos a financiar”.
Algunas medidas relativas a los contratos públicos en general, como el establecimiento de condiciones que favorezcan la competencia entre oferentes privados en los mismos términos, permitiendo la entrada del sector solidario en estos contratos; Homogeneizar los procedimientos de las CCAA para que los procesos sean comparables y no produzcan movilidad empresarial derivada exclusivamente de las condiciones favorables de los contratos según regiones; Eliminar los procedimientos sin publicidad y procedimientos de licitación con negociación; Evitar adjudicaciones con ofertas excesivamente bajas que luego supongan renegociación de precios; establecer la duración de los contratos entre 5 y 10 años con objeto de suplir la carencia de inspecciones o auditorias de contratos e impedir incumplimientos; y precisamente reforzar los servicios de inspección y auditoria de los contratos públicos, entre otras.
Y por último Medidas relativas a los conciertos que recaen sobre servicios residenciales y sobre el tercer sector; sobre los bonos y prestación vinculada al servicio; y sobre la gestión de los centros públicos. Los autores realizan además una serie de recomendaciones generales como la necesidad de planificar adecuadamente a más medio y largo plazo las medidas a aplicar sobre los servicios de las residencias; de diversificar la oferta de servicios sociales, para hacerlo más equilibrado y acorde con lo que demandan las personas mayores; de mejorar los sistemas de valoración y registro de los solicitantes de ayuda, para no generar más “limbo de la dependencia” ni listas de espera; de incorporar la geriatría en el funcionamiento de todos los centros sanitarios o de fomentar la innovación en el ámbito residencial.
En un momento en el que alguien que busca una residencia de mayores debe considerar si tiene derecho a una plaza o ayuda pública o va a tener que afrontar el pago de una privada, este documento puede servir no sólo a los profesionales sino también a quien quiera saber un poco más del tema.