A propósito de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado sus proyecciones de población, que constatan el envejecimiento demográfico de España y entre las que concluye que casi una de cada tres personas (el 30,5% de la población) será mayor de 65 años en 2055, DomusVi ha presentado un documento en el que hace 10 propuestas para garantizar la atención a las personas mayores en los próximos años.
Estos 10 puntos son:
Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística apuntan que, en 2050, las personas mayores pasarán a constituir un 30,4% de la población española, lo que elevará notablemente la tasa de dependencia del 30,5% actual hasta 53,8%.
Es necesario un Pacto de Estado, un gran acuerdo entre todas las formaciones políticas que permita afrontar el reto de demográfifico y garantizar un sistema de cuidados a las personas mayores, que asegure la calidad y afifiance un modelo efificiente y sostenible.
En España, la inversión per cápita en Dependencia es inferior a la media europea, tan sólo alcanza el 42% de la media comunitaria. Un escaso 0,9% del PIB nacional se destina a la dependencia, por debajo de la media de la OCDE situada en el 1,5%. Además, España tiene hoy un défificit de plazas residenciales superior a las 75.000 y se prevé que, en 2050, se necesiten más 400.000 plazas residenciales adicionales.
Las Administraciones públicas deben aumentar la inversión en Dependencia para hacer frente a esta situación y acercarnos a otros países del entorno.
La sociedad tendrá que hacer frente a nuevas demandas de cuidados como consecuencia del envejecimiento de la población.
El sector público debe fomentar la colaboración con el sector privado, con el objetivo de afrontar con garantías estas nuevas demandas y aumentar conjuntamente el número de soluciones para las personas dependientes.
Otros ámbitos como la sanidad y la educación permiten la libertad de elección de centro.
Es necesario que los residentes y sus familiares puedan elegir libremente el centro residencial y el modelo de cuidados que mejor se ajuste a sus necesidades.
En 2050, España será el 4º país más envejecido de la UE (PwC, 2020), esto repercutirá en la demanda de plazas residenciales.
En este sentido, estamos obligados a ofrecer soluciones y transitar hacia un modelo híbrido que combine cuidados y ayuda a domicilio con viviendas adaptadas y residencias medicalizadas.
En España cada comunidad autónoma tiene sus propias ratios de fifinanciación: en el País Vasco, Extremadura y Navarra se invirtieron, en 2021, más de 1.500 euros por persona en dependencia, mientras que otras regiones como Murcia, Aragón, Canarias y Galicia invirtieron menos de 1.000.
La Administración pública debería homologar la fifinanciación de plazas residenciales en todo el territorio nacional ya que existen grandes desequilibrios entre unas CCAA y otras.
La imagen colectiva de los trabajadores del sector ha sido injustamente degradada en los últimos años.
Las Administraciones han de contribuir y promover la labor que realizan los profesionales sociosanitarios en la sociedad.
Actualmente, existe un défificit superior a los 200.000 profesionales sociosanitarios, especialmente de enfermería que crecerá en el corto, medio y largo plazo si no se garantiza una atracción y retención de talento.
Las Administraciones públicas deben fomentar la formación especializada en esta área.
El 94% de los españoles valoran muy positivamente la labor de las residencias y el 85% de los residentes consideran óptima la calidad en el servicio (GASP, DomusVi, 2021). Sin embargo, durante la pandemia se ha infravalorado al sector.
Es necesario que la Administración pública ponga en valor la función de las residencias en la sociedad española.
El sector sociosanitario es y será una parte esencial de la atención y cuidado de las personas mayores.
Independientemente del partido gobernante es indispensable asegurar los cuidados de la población dependiente, de forma estable y a largo plazo, dotando de seguridad jurídica al sector.