Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) ha reunido en Zaragoza a representantes del sector de la Dependencia de toda España para trabajar en un programa para luchar contra las 19 "leyes de Dependencia", así como los dos tipos de IVA que se aplican en la actualidad, y que marcan las diferentes realidades que viven los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia.
La presidenta del CEAPs, Cinta Pascual, explicaba por conferencia telemática que se trata de un primer encuentro tras el que quieren empezar a "elaborar un documento que marque las líneas rojas que nunca se deben traspasar para la garantizar la calidad y la atención y que unifique criterios”, como es el caso de la escasa financiación: "No se puede trabajar con estos precios". Recordaba que, sobre los conciertos, "hoy a 9 de junio, tenemos precios desde 40 euros/día a 90 euros". Sin embargo, destacó, "llegamos a 130-150 euros si hablamos de una residencia de gestión pública".
Pascual hacía así referencia a que “el modelo debe garantizar la igualdad de Derechos y tiene que comenzar con unos criterios únicos con una financiación digna que equipare los servicios de todos los ciudadanos con independencia de donde residan”. Una realidad que, según Pascual, está marcada por la disparidad de la financiación y de los conciertos públicos, por ejemplo, en plazas residenciales, con una balanza que oscila entre los 1.450 euros y los 2.900 euros al mes. “Algo que impide garantizar que los ciudadanos tengan los mismos servicios y la misma calidad de la atención”.
“Hay que dignificar al sector, a los profesionales, y equiparar los servicios y la atención. Ahora es el momento de hacerlo”, puntualizaba la presidenta de CEAPs, que destacaba que este encuentro se produce con el objetivo de "exigir a los diferentes gobiernos que reaccionen y que se impliquen en la revolución de los cuidados". Ha denunciado que "hoy estamos anclados en un inmovilismo institucional preocupante" y que "después del tsunami que ha provocado la covid, estamos prácticamente igual". "Estamos cansados de oír excusas y no reacciones positivas", ha lamentado.
Las organizaciones regionales que forman parte de CEAPs en toda España han decidido elaborar un informe y trazar un plan que siente los criterios básicos de acceso y atención a los Servicios y que imponga unos “mínimos”, tal y como expresaba Pascual:
Para poder conocer cuál es el coste real de ofrecer un servicio y ver la viabilidad del Sistema para lograr adaptar a los modelos centrados en la persona, CEAPs ha comenzado en este encuentro a recopilar y analizar los datos pormenorizados de todas las regiones. El informe se presentará en los próximos meses y pretende ser el punto de partida para encontrar el camino para que se alcance la igualdad de Derechos y se garantice la calidad y la atención por “dignidad y justicia social”.
Los déficits comienzan en el desconocimiento de la Ley de Dependencia que los posibles beneficiarios tienen de la norma. Por ello, el CEAPs pide que se realicen campañas públicas en las que se permita a los beneficiarios conocer los derechos que poseen. “Esta realidad hace que muchas personas lleguen a las residencias en situaciones de Dependencia Severa que podrían haberse evitado accediendo a recursos sociales como los centros de día, la teleasistencia o SAD y vivir con mayor calidad de vida en sus propios domicilios”, explica la presidenta de CEAPs.
El segundo escollo se encuentra cuando una vez que “incluso la propia residencia gestiona la aplicación de la Norma el proceso de reconocimiento y obtención de los derechos lleva a una media de 430 días”. Un proceso en el que se produce una de las más graves desigualdades en toda España. Así lo exponía Cinta Pascual, en representación de todos los asistentes: “aquellas personas en el limbo que no pueden esperar a que se les asigne el servicio y deben buscarlo de manera privada, además de asumir el pago íntegro del servicio, sin la ayuda pública a la que tienen derecho, han de pagar un 6% más de IVA porque la Ley de IVA establece tipos diferentes según quién pague el servicio. No podemos seguir manteniendo estas diferencias. El Estado debe tomar medidas”.
A esto Pascual Montañés añadida que “hay quienes no pueden acceder a los servicios de manera privada porque no tienen recursos, pero sí derechos recogidos por Ley. Se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Algo en lo que coincidimos todos los territorios, por ello exigimos que se pongan en marcha mecanismos que ofrezcan los servicios de manera inmediata para que nadie se quede sin los apoyos que precisa”.