Uno de cada tres catalanes en situación de dependencia no recibe ningún servicio ni prestación a pesar de tener una dependencia reconocida por ley. Es lo que se conoce como el “limbo de la dependencia”, una tierra de nadie que afecta más de 75.000 catalanes, la cifra más alta de todo el estado. Este es uno de los principales datos del informe “El caos de la dependencia”, presentado este martes por ACRA y que concluye la existencia de diferencias y desigualdades entre las comunidades autónomas a la hora de aplicar la Ley de la Dependencia. Actualmente, hay 19 interpretaciones sobre quién y cómo es dependiente, sobre qué servicios o prestaciones se tienen que ofrecer, una situación que la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, ha calificado como un “caos”.
Desde ACRA se proponen varias medidas para combatir y solucionar este caos en Cataluña, como la creación de una nueva Consejería de Atención a los Mayores que dé a este ámbito la importancia que se merece a nivel competencial, con un ministerio estatal del mismo tipo, decisiones que tendrían que convertir la atención a la dependencia en el cuarto pilar del estado del bienestar, junto con la educación, la sanidad y las pensiones. Se trata de una medida política contundente en un contexto de incremento demográfico, muy necesario si realmente se quiere dar salida a la situación actual de sobre envejecimiento.
Se trata de un reto que también pasa por situar las personas dependientes en el centro de la atención, que tengan la oportunidad real de escoger. “La Ley de la Dependencia se ha hecho pensando en las necesidades de los dependientes, pero ha perdido flexibilidad, el derecho a decidir y escoger, y tener dependencia no significa que no se tenga este derecho”, ha subrayado hoy Pascual. Es por esto que ACRA propone dar un mayor protagonismo a las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio, las PEVS, el mejor ejercicio para la libertad de elección de las personas dependientes y sus familias, siempre y cuando se incrementen los importes establecidos. Según la presidenta de ACRA, “en un contexto en que, para acceder a determinados servicios, como una residencia con financiación pública en Barcelona o su área metropolitana, puedes pasar de dos a cinco años en lista de espera, unas PEVS más altas permitirían reducir la lista de espera y ocupar plazas disponibles en el sector, unas 5.000 actualmente”. Al mismo tiempo, una regulación nítida influiría positivamente en la inversión privada, necesaria en un contexto de cooperación con la administración, y más cuando existe un déficit tan elevado.
El informe elaborado por el CEAPs, patronal mayoritaria en el estado y Gerokon con el apoyo y las aportaciones de ACRA, también establece elementos comparativos entre comunidades. Dos ejemplos: Castilla y León es quien tiene un porcentaje más reducido de personas en el “limbo de la dependencia” (1,33%) y Cataluña es quien ostenta el porcentaje más elevado (32%). En el ámbito de las prestaciones económicas al entorno familiar, las denominadas prestaciones para cuidadores “no profesionales”, Cataluña es la comunidad que tiene el mayor número en cifras absolutas, más de 80.000, aunque la ley las contempla únicamente como una excepcionalidad.
La presentación del informe se ha hecho llegar a entidades, asociaciones y también a los partidos políticos catalanes y estatales.
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