Los agentes sociales y económicos del ámbito de atención a las personas mayores en Cataluña han llegado este miércoles a un compromiso con la Generalitat para establecer una hoja de ruta antes del mes de junio para establecer las prioridades y las necesidades del sector para los próximos tres o cuatro años. Así, patronales, sindicatos y el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, han coincidido en situar la mejora de la atención a los mayores como un reto de país que requiere de un amplio acuerdo ante el que no hay alternativa posible.
La Associació Catalana de Recursos Assistencials, Centres Socio-sanitaris Catòlics de Catalunya, Comissions Obreres, Consorci de Salut i Social de Catalunya, La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, La Unió Catalana d’Hospitals, Unió General de Treballadors y La Unió de Petites i Mitjanes Residències han expresado la necesidad de mejorar, por un lado, las condiciones laborales para los más de 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector, y del otro, garantizar la sostenibilidad de las entidades proveedoras de la red de utilización pública.
Las entidades y las organizaciones sindicales reclaman que todas las personas atendidas en residencias reciban las mismas condiciones que las que son atendidas en los centros propios de la Generalitat de Cataluña tanto por lo respecta a las ratios de profesionales como a las condiciones laborales de los trabajadores. También se pide que se apliquen las mismas tarifas que en los centros de gestión delegada, más los gastos de amortización. Hay que recordar que durante los últimos diez años las tarifas públicas han estado congeladas, a pesar del incremento progresivo de los costes durante el mismo periodo.
Patronales y sindicatos recuerdan que la mejora de la atención a la dependencia es un reto de país que requiere de la implicación de todo el ejecutivo, y apuestan por la firma de un convenio catalán que mejore las condiciones laborales y las cargas de trabajo de los profesionales, siempre y únicamente vinculado al incremento de las tarifas.
Estas ocho entidades ya presentaron hace dos años al Departamento el “Manifiesto del sector de atención a los mayores en Cataluña”, que reclamaba la aportación de 300 millones de euros para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras y aumentar las tarifas públicas, una demanda sin recorrido por parte de la administración.