Independientemente de su forma jurídica o de que tenga o no ánimo de lucro.
Es una de las conclusiones principales del informe “La colaboración público-privada en la concertación social autonómica, en las concesiones municipales, gestión de los servicios y obras públicas municipales” elaborado por la Comisión de Concesiones y Servicios de CEOE, que fue aprobado el pasado jueves en la Junta Directiva de la organización.
En la nueva Ley de Contratos del Sector Público se recoge la posibilidad de que las Comunidades Autónomas concierten servicios sociales con entidades privadas fuera de la normativa de contratación pública, a través de un procedimiento especial, pero siempre respetando los principios de publicidad, transparencia y no discriminación tal y como recogía la Directiva 2014/24/UE.
Por tanto, las normativas autonómicas que regulan los conciertos sociales deberán permitir en todo caso la participación de cualquier tipo de entidad privada en las mismas condiciones, independientemente de su forma jurídica o que tenga o no ánimo de lucro ya que, de otra manera, contradirían el principio de no discriminación.
En Comunidades Autónomas como Murcia, Islas Baleares y Cataluña se permite la participación de las empresas en el concierto social porque la importancia se pone en la calidad del servicio prestado y no en la forma jurídica de la entidad que lo presta. Sin embargo en la Comunidad Valenciana la última reforma de la Ley de Servicios Sociales y el Decreto 181/2017 del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social impide que las entidades mercantiles puedan participar en la misma.
El caso más curioso se ha dado en Aragón que, tras publicar toda la normativa del concierto social para entidades sin ánimo de lucro, ha decidido no utilizarla para la concertación de plazas en mayores ya que entiende que no debe tener un acuerdo con las entidades sin ánimo de lucro y otro con el resto si el precio y las características del servicio son las mismas. Al final convocará un acuerdo marco único para todas las entidades privadas.
“Hasta ahora se ha demostrado que la forma jurídica tiene muy poco que ver con la calidad del servicio prestado, hay asociaciones que trabajan muy bien y empresas que lo hacen igual, por lo que deberíamos centrar la atención en la persona y en la calidad de la atención que recibe y no en la forma jurídica de la entidad que lo presta. Por tanto, pedimos a la Consellería de Igualdad que rectifique y permita que todas las entidades privadas sin distinción participen en el concierto social” declaró José María Toro.