El presidente de la Asociación de empresarios de servicios a la dependencia en Castilla y León (Acalerte), Diego Juez, se ha reunido esta semana con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, para analizar las principales preocupaciones del sector, entre las que se encuentra la equiparación del 4% de IVA a todas las plazas residenciales.
Se trata de una de las principales reivindicaciones del sector, ya que de acuerdo con la normativa actual, a las plazas residenciales contratadas por una administración pública (a través de concierto o de la aplicación de la Ley de Dependencia) se le aplica un IVA del 4%, frente al 10% que se aplica a las de contratación privada.
Durante la reunión los representantes de Acalerte le presentaron tanto a la consejera como al gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, un informe para lograr la equiparación para todo el sector, independientemente de quién preste el servicio, elaborado por el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), patronal estatal de residencias privadas a la que pertenece Acalerte.
Una realidad a la que los representantes de la Junta de Castilla y León se mostraron muy receptivos y expresaron su voluntad de trasladar su petición al Pleno de las Cortes de Castilla y León con el fin de mostrar el apoyo de la Comunidad a esta iniciativa mediante una propuesta parlamentaria única.
Tras esta reunión, los representantes de Acalerte mantuvieron otro encuentro con el responsable de cálculo de las prestaciones correspondiente a la Ley de Dependencia, “una jornada muy enriquecedora para todos los participantes que será el punto de partida para continuar con los trabajos”, según explicó Diego Juez.