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20 de marzo de 2019, 0:51:33
En primera persona

JUAN IGNACIO VELA, PRESIDENTE DE LARES


"La Ley de Dependencia cambió los criterios para cobrar prestaciones, dejando bolsas de rentas bajas desprotegidas"


El presidente de Lares Federación opina que se trata de una ley que, entre muchas otras cosas, tiene pendiente "otorgar al Tercer Sector ese papel de agente social que la ley le adjudica".


En la introducción del Plan estratégico que elaboraron para 2013-2016 señalaban en relación a la situación del sector su insuficiente desarrollo cualitativo en lo que se refiere a los enfoques, diseño de servicios y modelos de atención”. En estos años ¿ha cambiado algo, se ha avanzado en este desarrollo cualitativo? ¿En qué habría que avanzar?

Para la elaboración de nuestro Plan Estratégico analizamos, como no podía ser de otra forma, tanto nuestro posicionamiento y nuestro desarrollo como entidad, como el entorno de atención a los mayores y la dependencia. Y el documento nos propuso dos cuestiones nucleares sobre las que estamos trabajando.

De un lado la necesidad de materializar el ideario de Lares –reflejado en nuestra carta de identidad - en un modelo de atención. Un modelo que dé verdadera dimensión a dos características que siempre han distinguido a nuestros centros: la calidad y la calidez en la atención.

En este sentido, los avances han sido notables ya que a través de nuestros congresos y de las Buenas Prácticas identificadas en los centros Lares, hemos marcado las líneas maestras de un Modelo de Atención propio, donde la persona está en el centro de la atención, pero también de la gestión. En él reivindicamos la aportación clave que realizan los profesionales de la atención directa en la tarea del cuidado, y donde la implicación y la participación en el entorno mantienen a los mayores, dependientes, discapacitados y personas en riesgo de exclusión como agentes activos de la comunidad.

Además, este planteamiento se está implementado de forma adecuada y progresiva gracias a las políticas de calidad que nuestros centros asumen como parte de su gestión.

Uno de los grandes retos que adelantaban entonces era implantar el modelo centrado en la persona en las residencias. Desde su punto de vista ¿Cuál es y está siendo la mayor dificultad para implantar este modelo en los centros?

La filosofía de nuestro modelo de atención forma parte de la esencia de los centros Lares y ha emanado de ellos. Es nuestro rasgo de identidad. Así que el Modelo solo requiere de homogeneización y sistematización en los procesos para implantarse con éxito.

La mayor dificultad surge cuando además de poner a la persona en el centro de atención, la ponemos en el centro de la gestión. Y este cambio es más complejo porque hay que ir reenfocando el equipamiento, las prestaciones, los servicios, y los equipos profesionales, por mencionar solo los ejemplos más evidentes. Y hay que hacerlo con la escasez de recursos que hemos heredado de esta crisis económica.

Además está el firme propósito de Lares de empoderar al mayor, de convertirlo en miembro activo de su comunidad, cambio que debe apoyarse, necesariamente, en la transformación social que ya está provocando el envejecimiento de la población y que debe reportar, al menos, este beneficio a las personas mayores.

Entre las acciones que tenían previstas para mejorar la viabilidad económica de sus centros estaba fomentar la plena ocupación de los centros LARES ¿Esto lo han conseguido? ¿Qué índice de ocupación mantienen?

La demanda de plazas residenciales se contrajo fuertemente con la crisis económica. Las familias no pueden costear las plazas residenciales y menos aún renunciar a la aportación de la pensión del mayor o del dependiente a la economía familiar. Aún así, la ocupación en Lares se ha mantenido en niveles muy aceptables que nos han permitido permanecer en una situación de sostenibilidad no exenta de dificultades, que se han manifestado, sobre todo, en los centros pequeños (50 plazas o menos) ubicados en zonas rurales.

Para contrarestar esta situación, los centros Lares han tenido que salir de sus recintos y promover actividades, programas sociales, acuerdos con empresas, con las que conseguir apoyos económicos. En esta dinámica entra, con fuerza, el apoyo recibido por el voluntariado que ha permitido mantener los niveles de calidad gracias a su aportación solidaria y desinteresada.

Otro de sus objetivos era diversificar y desarrollar nuevos servicios a la comunidad. En este sentido, ¿han logrado avanzar en la oferta de nuevos servicios? ¿En que línea están trabajando?

Aquí el avance es notable. Los centros Lares han abierto sus puertas y se están preparando para ofrecer servicios profesionales a su entorno. Unidades de estancias diurnas, temporales y de convalecencia, servicios de comedor y lavandería, servicios de fisioterapia y terapia ocupacional, clubes de lectura, etcétera, se ofrecen a personas no residentes planteados como servicios de apoyo a la autonomía, que brindan a los centros además, la oportunidad de obtener nuevas vías de ingresos.

Los centros Lares están liderando este cambio, convirtiéndose en espacios profesionalizados, abiertos a las necesidades de su entorno, capaces de fomentar la autonomía de los dependientes, a ser proveedores de las administraciones autonómicas y locales más allá de las plazas concertadas. Y aquí volvemos a encontrar el nexo de unión entre nuestra actividad, nuestra carta de identidad y nuestro modelo de atención, donde la voluntad de servicio al entorno está plasmada.

Usted lleva más de 20 años trabajando en el tercer sector desde distintas responsabilidades, y vivió la puesta en marcha de la Ley de Dependencia que está a punto de cumplir 10 años. Desde su experiencia ¿Cambió algo la puesta en marcha de la Ley, o la falta de dotación económica suficiente, hizo que muriera antes de tiempo?

En Lares no creemos que la Ley esté muerta. Ni mucho menos. Nos parece injusto hablar en estos términos de una Ley que convirtió la atención a la dependencia en un derecho. Ese fue un gran logro, que ofreció a los ciudadanos una visión amable de lo que se puede hacer desde los estamentos políticos por los ciudadanos más vulnerables: mayores, dependientes, discapacitados y personas en riesgo de exclusión.

Diez años después, a todos nos ha quedado claro que la financiación ha sido el talón de Aquiles de esta norma, a la que se sumó un error de partida sobre la cuantificación de los posibles beneficiarios. Ley y financiación se proyectaron sobre los datos del momento, sin tener en cuenta los usuarios potenciales que iban a aflorar con su entrada en vigor.

Otra cuestión clave ha sido su desigual aplicación territorial que ha creado situaciones de desigualdad que no deberían tolerarse en un Estado de derecho.

Además, y creo que sobre este asunto se ha hablado poco, la Ley de la Dependencia aglutinó para su financiación a nivel autonómico fondos de ayudas y convenios dirigidos a las personas más desfavorecidas económicamente. Como el criterio para recibir ayudas o prestaciones deja de ser la renta para pasar a ser el nivel de dependencia, bolsas de rentas bajas quedaron desprotegidos. En una especie de limbo administrativo que empeoró su situación e incrementó su vulnerabilidad.

¿Cómo valoraría el impacto y desarrollo de esta Ley en las personas en situación de dependencia?

Hay un importante número de personas que han visto reconocido su derecho como dependientes y han podido disfrutar de ayudas y apoyos. Pero no podemos olvidarnos de un importante número de personas – en torno a los 150.000 – que han fallecido si poder disfrutar de su derecho como ciudadanos. Esta es la cara amarga de esta Ley y no podemos olvidarnos de ella.

Y esta pregunta me da la oportunidad de recordar que en nuestro país, dependientes con idénticas necesidades reciben un trato manifiestamente desigual dependiendo del lugar en el que residan. Y esto supone, ni más ni menos, la vulneración de un derecho.

Y ¿en los servicios y centros de atención del Tercer Sector?

El impacto ha sido menor del esperado. La Ley de la Dependencia refleja en su espíritu y pero también en su letra, la vocación de que las entidades del Tercer Sector se convirtieran en colaboradores prioritarios de los servicios de atención a los dependientes. Y 10 años después ese aspecto ha sido claramente descuidado por las administraciones.

Nosotros somos partidarios de salud y servicios sociales estén bajo la supervisión y el control públicos. Pero cuando la Administración no tenga el alcance suficiente, cuente con las Entidades del Tercer Sector para prestar esos servicios. Y en última instancia, con los operadores mercantiles.

En mi opinión queda pendiente otorgar al Tercer Sector ese papel de agente social que la ley le adjudica, porque gracias a nuestro contacto directo con la sociedad, somos capaces de detectar las necesidades en origen y transmitirlas. Podemos actuar desde la proximidad y la sensibilidad allí donde la Administración no llega.

El envejecimiento de la población, ha convertido al sector sociosanitario en estratégico para la creación de empleo y riqueza, atrayendo a fondos de inversión e industriales para invertir ¿Cómo valora las últimas operaciones llevadas a cabo en el sector y que han traído la concentración de grupos residenciales?

En el Tercer Sector estamos preocupados por la concentración de servicios a las personas dependientes en grandes operadores. Más que desde el enfoque empresarial, desde el enfoque asistencial.

Parece complicado creer que un asunto tan delicado como la atención a la persona, pueda gestionarse con la calidez asistencial debida dentro de una gran estructura empresarial.

Como decíamos antes, somos partidarios absolutos de tanto salud como servicios sociales estén bajo el control público.

¿Cómo es actualmente su colaboración con el sector privado?

Cooperamos con el sector mercantil en varios ámbitos. Sin ir más lejos, la situación actual de contratación pública nos convierte en compañeros de viaje.

Como patronal estamos dentro del Convenio Colectivo de Atención a la Dependencia. Y aunque no compartamos sus planteamientos mercantiles, situados en frente de nuestra visión solidaria de la gestión, ambos atendemos a personas en situación de vulnerabilidad y eso no lleva, necesariamente, a aprender unos de otros, a detectar y compartir buenas prácticas.

¿Cuál es desde su punto de vista, el principal reto que se plantea al sector para poder atender a una población cada vez más envejecida, más empobrecida (4,5 millones de jubilados reciben pensión por debajo del salario mínimo), con el aumento de demencias, y con menos apoyo familiar?

El envejecimiento de la sociedad es una cuestión tan importante que ya está haciendo cambiar el modelo social. El reto va a ser un reto de todos: de las Administraciones, de las entidades del Tercer Sector, de las empresas. Y, sobre todo de los ciudadanos. Se abrirán vías de participación social, con el voluntariado a la cabeza, que establezcan redes de apoyo y ayuda.

¿Cree que desde las administraciones públicas se están adoptando las medidas oportunas para dar respuesta a estos retos? ¿En qué se debería estar trabajando? ¿Se está haciendo? En caso negativo ¿Por qué no?

Los poderes políticos, con las cifras del envejecimiento en la mano, no han actuado y ya es tarde. Será la sociedad la que tomará las riendas de la acción y de esta situación saldrá un nuevo orden social.

Es el momento de trabajar en campañas de concienciación y sensibilización que ayuden a promover la aportación de todos y cada uno de los ciudadanos.

Además de la falta de una normativa común en todo el territorio, y el recorte presupuestario ¿Qué otros problemas afectan al sector?

Actualmente al sistema de la dependencia le falta incorporar patologías que generan importantes niveles de dependencia, y que aún no están incluidas. Hablamos, sin ir más lejos, de la salud mental. Sería el momento de perfeccionar el sistema de valoraciones y contemplar un abanico más amplio de enfermedades.

¿Es necesario homogeneizar la formación, e igualar los salarios de los trabajadores que trabajan este sector?

Sin lugar a dudas, estamos a favor de a igual trabajo, igual salario. Pero los precios que pagan las Administraciones por las plazas concertadas no otorga a nuestras entidades la misma capacidad pagadora que tiene la Administración por sí misma en los centros públicos.

Los 50 euros /diarios por plaza de media en nuestro país, marcan las posibilidades salariales en nuestros centros.

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