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26 de mayo de 2019, 8:09:36
Opinión


¿La inspección hace la Norma?

Por Diego Juez


El cuarto pilar del Estado son los Servicios Sociales y es uno de los que mayor ‘fiscalización’ tiene debido a su importancia y al valor que adquiere al trabajar directamente por y para las PERSONAS que están, en gran medida, en situación de vulnerabilidad.

Esto lleva a que se realice un control férreo sobre los centros en los que se ofrece la atención a los mismos, con profesionales que no dejan de ser personas, que tienen que aplicar las leyes y decretos vigentes. Pero, ¿por cuál se rige?

La complejidad del sector de atención a la Dependencia y de los agentes y administraciones que actúan sobre las mismas hace que una Norma que es válida en una provincia de Castilla y León no lo sea en otra, o que una Norma del Acuerdo Marco de Servicios Sociales contradiga otra de Sanidad, o a la inversa, lo que crea una inseguridad en el sector y en los propios inspectores que lleva a pensar más en cómo aplicar la Ley que en si se aplica con calidad y profesionalidad el recurso o no.

Ahora, cuando se espera la aprobación del decreto de Farmacia Hospitalaria, ¿cómo se van a realizar las inspecciones? ¿Quién va a interpretar la normativa? Al igual que con el resto de decretos y formulaciones de las administraciones públicas es una persona la que decide si se cumplen los requisitos o no, dejando en indefensión jurídica a los propios recursos de Servicios Sociales.

Esto sumado al hecho de que haya centros que cumplen las normas perfectamente y reciben visitas de forma constante mientras que hay otros que apenas son visitados y que realmente deberían estar más controlados son dos de los problemas a los que se enfrenta un sector que realmente lo que necesita es un sistema de inspección que vaya más allá de la sanción y en el que refuerce los puntos fuertes de los centros residenciales, que mantenga la calidad de los centros y centre la aplicación de las Normas siempre priorizando a las PERSONAS, tanto los usuarios como los profesionales y que sean las leyes las que se adapten al sistema vigente y sean coherentes para lograr que la calidad sea un vínculo.

Diego Juez, presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Empresas de Atención a la Dependencia (Acalerte)

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