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22 de febrero de 2019, 12:35:48
Opinión


La banalización de la profesionalidad en la Atención a la Dependencia

Por José María Toro


El pasado martes conocimos la noticia de la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, la de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y la de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana para reconocer las competencias profesionales y experiencia adquiridas por las personas cuidadoras familiares en el entorno domiciliario, otorgándoles la posibilidad de obtener la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o en instituciones sociales.

En definitiva, y con la información disponible, el objetivo era el de permitir el acceso a la profesión de auxiliar de clínica, gerocultora, o de servicio de ayuda a domicilio convalidando la experiencia que tuvieran las personas cuidando a un familiar junto con alguna formación complementaria.

Conviene recordar cómo se puede obtener la acreditación para poder trabajar como auxiliar en el sector de atención a la dependencia. La ORDEN 17/2016, de 21 de septiembre, de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se regula la formación complementaria de los Directores y Directoras, los requisitos de cualificación profesional y el procedimiento de habilitación excepcional de los profesionales de mayor edad y experiencia, del personal de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana, recoge los requisitos para obtener la cualificación profesional.

Esta norma tiene como base el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008 sobre acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, modificado parcialmente por la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

En este acuerdo, en el apartado de Recursos Humanos se recogía literalmente “Los requisitos y estándares sobre recursos humanos irán dirigidos a garantizar la adecuada prestación del servicio, tanto en número de profesionales, como en su formación y actualización para el desempeño del puesto de trabajo”, es decir, apostaba por la profesionalización como elemento de garantía de calidad del servicio.

Para ello exigía que, a partir del 1 de Enero de 2016, todas las personas que comenzaran a trabajar como auxiliar o gerocultora deberían poseer la cualificación profesional, consistente en un título de técnico de Formación Profesional en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales y similares o el Certificado Profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.

En la normativa se han producido habilitaciones excepcionales y provisionales en base a la experiencia profesional adquirida, pero para ello se exigían ciertos requisitos. El primero, estar dado de alta en la seguridad social y contar con contrato laboral de auxiliar de clínica o gerocultora, el segundo es que ese trabajo debería haber estado desempeñado bajo supervisión técnica profesional en un centro o servicio, los responsables de dichos recursos podían evaluar el correcto desempeño de las tareas de estas personas. Sólo se tenía en cuenta el tiempo efectivo de contrato y debía sumar 2.000 horas de ejercicio profesional.

En el caso de las cuidadoras no profesionales no tienen obligación de estar dadas de alta en la seguridad social, en muchos casos no existe contrato, no están fijadas las horas de trabajo efectivo en ningún sitio, no han tenido ningún tipo de supervisión ni de evaluación del trabajo que han llevado a cabo. ¿Cómo se puede acreditar, entonces, el trabajo realizado y el resultado del mismo?

En la firma, Mónica Oltra subrayaba que con esta medida "se cierra el círculo de profesionalizar los cuidados en el entorno familiar". Desde nuestro punto de vista se familiariza, se desvirtúa, el servicio profesional porque la atención que han dado a su familiar es previa a la cualificación y la cualificación se obtendrá con menos requisitos de los que se le hayan pedido al resto de trabajadoras. En definitiva, se rebaja la calidad exigida del servicio.

¿Han preguntado a las empresas, que al final son las que tienen que contratar al personal, si consideran que ese procedimiento es suficiente para garantizar el nivel de calidad que quieren ofrecer a sus clientes?

Para Oltra, la obtención de este reconocimiento "facilitaría a las personas que no disponen de cualificación específica su integración laboral en el sector profesionalizado de atención a personas en situación de dependencia". Siempre hemos defendido que nuestro sector era óptimo para reincorporar a personas que habían dejado su trabajo para cuidar a personas de su entorno pero cumpliendo, en todo caso, con los mismos requisitos que el resto de los profesionales que han accedido a la profesión, a la hora de obtener la acreditación. No de cualquier manera.

Hemos recorrido todos estos años defendiendo la profesionalización del sector para ahora retroceder y cualificar a quien ha cuidado a un familiar, aunque complemente su experiencia con algo de formación. ¿Es serio este planteamiento?¿Estamos dando de verdad valor al esfuerzo formador y de cualificación que han tenido que hacer tantas trabajadoras, incluso con un importantísimo esfuerzo económico?¿Qué dirán aquellas trabajadoras que han tenido que asumir un coste cercano a los 1.000 euros para formarse, muchas de ellas con un salario modesto, cuando ahora vean que la Consellería convalida la experiencia sin ninguna acreditación oficial? ¿Qué opinan los sindicatos de esta medida y la desigualdad que plantea?

Sólo podemos entender que esta medida esté planteada desde el desconocimiento de la realidad de la atención a la dependencia (cualquiera puede cuidar), desde un planteamiento que desprecia la cualificación profesional y el esfuerzo de formación (con haber cuidado a un familiar y algo de formación es suficiente) y que sólo tiene sentido si lo vemos desde una perspectiva preelectoral (se va a mandar en estas fechas cercanas a las elecciones una comunicación a cada una de las personas cuidadoras para comunicarles la noticia).

Lo que queda claro es que es una afrenta a la calidad del servicio, un desprecio por la profesionalidad de los equipos humanos del sector y un despropósito político muy importante. Esperemos que el Consell se dé cuenta del error y rectifique de manera inmediata esta decisión.

José María Toro es presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE)

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